Cada vez que se produce un asesinato machista en España, pocos se preocupan de preguntar meses después qué fue de los probables hijos de la víctima. Hoy por hoy, los niños que vieron sus vidas destrozadas por la violencia de género dependen casi exclusivamente de su entorno familiar para poder salir adelante en un mundo que se les ha vuelto extremadamente hostil. Es decir, es una cuestión de suerte. Los datos presentados el pasado viernes por la Fundación Mujeres y el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla son escalofriantes. Desde 2004, unos 500 niños se han quedado sin sus madres debido a un asesinato machista, sufriendo, además, el "abandono por parte de los poderes del Estado". Como bien lo definen los responsables de estas dos organizaciones, estos huérfanos son "una realidad oculta" y, muchas veces, los familiares que los recogen -normalmente los abuelos maternos- no tienen los suficientes recursos para satisfacer plenamente sus necesidades materiales y educativas. Téngase en cuenta, además, que muchos de estos niños arrastran importantes traumas al haber visto cómo eran asesinadas cruelmente sus madres.

El informe, que se llevará mañana al Congreso, desvela también el desorden de normativas y ayudas que existe en España, lo que nos presenta un panorama de víctimas favorecidas o desfavorecidas según el territorio en el que han nacido, algo que es a todas luces intolerable en un Estado que se pretende unido y solidario. Al igual que pasa con las víctimas del terrorismo, la sociedad tiene una deuda con estos menores a los que la vida golpeó donde más les podía doler. Urge que todas las administraciones unifiquen normas y ayudas para que se garantice, en lo posible, la igualdad de oportunidades para estos niños. Andalucía da ejemplo al no cobrarles las tasas universitarias, pero aún queda mucho por hacer aquí y en todo el territorio nacional.

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