Después de que toda España, y en especial Cataluña, pudiese ver en directo por la televisión cómo se atropellaban los derechos más elementales de los diputados del Parlament, cómo se ninguneaba a los letrados de la propia Cámara y a su Consejo de Garantías, cómo se ignoraba sistemáticamente la legislación española vigente, el propio reglamento de la asamblea autonómica y el mismo Estatut en el que se sustenta el autogobierno de Cataluña, el Estado de Derecho ha reaccionado con el vigor que se le venía reclamando desde hacía tiempo para intentar reconducir el conato de secesión.

La primera y más importante de las medidas es la adoptada por la Fiscalía Superior de Cataluña, que presentó ayer sendas querellas contra la Mesa del Parlament y contra la cúpula de la Generalitat (el presidente, Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras, y la totalidad de los consejeros del Govern) por aprobar el decreto de convocatoria del referéndum de autodeterminación. Las querellas los señalan por un delito continuado de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos. Iniciativas judiciales han existido muchas desde que se inició el procés, tantas que se ha creado una especie de maraña judicial en la que los ciudadanos se pierden. Sin embargo, la novedad es que la querella incluye el delito de malversación, que en nuestro ordenamiento jurídico está penado con la cárcel, lo cual no es ninguna exageración si se tiene en cuenta la gravedad de los hechos a los que nos estamos refiriendo.

Paralelamente, Ministerio de Hacienda ha requerido a la Generalitat para que justifique cómo se han financiado la web y el vídeo que promocionan la consulta independentista. No es ninguna tontería, pues el Ejecutivo central ya ha dicho en más de una ocasión que cortará su ayuda financiera a la asfixiada y endeudada Generalitat si observa que se están usando recursos públicos en la organización del referéndum ilegal. Asimismo, el Tribunal Constitucional ya ha advertido a los ayuntamientos, a través de la delegación del Gobierno, de que no deben ceder locales para la celebración del referéndum. Aunque la mayoría de los municipios estaban mostrando ayer caso omiso a la advertencia, todo indicaba que el de Barcelona, tras el informe de su secretario municipal, no iba a colaborar con la consulta, lo cual es una gran victoria para la legalidad. Lo importante y destacable, en definitiva, es que los ciudadanos españoles estamos viendo, al fin, a nuestras instituciones reaccionar contra el intento de golpe perpetrado por el nacionalismo catalán.