Las consecuencias negativas de la pandemia tardarán mucho tiempo en desaparecer. Esta semana hemos sabido que la irrupción del coronavirus ha provocado que el riesgo de pobreza grave o carencia material aumentara en nuestro país, en 2020 hasta el 7%. Así consta en la última encuesta de Condiciones de Vida realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto supone prácticamente volver a los momentos más álgidos y dramáticos de la crisis económica iniciada en 2008, cuando en 2014 dicha cifra llegó a alcanzar el 7,1%. Pero igual o más grave es el dato que indica que el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social se ha incrementado desde 2019, donde registró un 25,3%, hasta situarse en el 26,4%. Dicha cifra nos indica estadísticamente algo que ya era evidente para cualquier persona con un cierto contacto con la realidad social y económica del país, que las clases medias (sobre todo su zona más baja) está sufriendo un preocupante proceso de depauperación. Nuestro sistema del bienestar está siendo sometido a una importante prueba de estrés. No hay que incidir demasiado en lo perjudicial que puede llegar a ser este proceso para el sistema democrático español, el que ha alcanzado las mejoras cotas de libertad y prosperidad para nuestro país. Las democracias se basan en la existencia de una gran clase media con acceso a la educación y la sanidad universal y una capacidad ingresos que le permite vivir con una mínima holgura y sin necesidad de acudir a la beneficencia. Si esta gran clase media empieza a resquebrajarse, corremos el riesgo de que se formen amplias bolsas de descontento social que pueden llegar a ser muy peligrosas para la estabilidad del país. La experiencia histórica enseña que cuando las personas no pueden atender sus necesidades básicas suelen radicalizarse políticamente tanto a la izquierda como a la derecha. Seguro que en España hay partidos dispuestos a recoger ese malestar.