España entera está escandalizada con el caso del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Cervantes de Dos Hermanas (Sevilla), en el que cuatro profesoras han sido denunciadas por, presuntamente, insultar y mofarse de una niña de 7 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA), Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) y epilepsia. Según la denuncia realizada, estas docentes llegaron a comparar a la niña con "el violador de Las Ramblas" y a decir que "tenía el cerebro cascado", además de que su futuro más certero sería el de la cárcel, lo que llegó a provocar en la menor crisis epilépticas por estrés y episodios de conductas autolesivas, sobre todo cuando tenía que acudir al colegio. De probarse los hechos, estaríamos ante un asunto de suma gravedad.

No es este el lugar para juzgar los hechos. Por lo pronto, la inspección de la Delegación Territorial de Educación en Sevilla está realizando un informe sobre el caso para, según ha dicho, "tomar las medidas oportunas". Asimismo, el consejero del ramo, Javier Imbroda (Cs), ha dicho que "actuará en consecuencia", aunque lógicamente ha aplazado la decisión que se tome a tener "toda la información" posible. Aparte, será la Justicia la que tendrá que determinar si existe delito en el comportamiento de las profesoras. Al ser un asunto que afecta a una menor que, además, es discapacitada, toda prudencia es poca. Ante todo, hay que evitar que este caso se convierte en un circo para diversión de los morbosos.

Sin embargo, sí deberíamos hacer una reflexión general sobre qué ha fallado en este caso de confirmarse la denuncia de los padres de la menor. En primer lugar, porque el centro ya había sido denunciado años atrás por unos hechos similares -aunque todo quedó en nada al cambiar el menor de colegio-. En segundo lugar, porque los padres han tenido que recurrir a la triquiñuela de colocar una grabadora en el interior de la mochila de la niña autista para conseguir pruebas con las que hacer la denuncia, lo que de alguna manera demuestra la poca fe que tenían en el sistema si se limitaban a mostrar sus sospechas a la dirección del CEIP Cervantes. En este sentido, sólo queda exigir a la Junta de Andalucía que investigue a fondo el caso y que repase sus protocolos para comprobar la idoneidad del personal que está al cargo de las aulas específicas para este tipo de discapacidades. De lo contrario, la credibilidad y la imagen del sistema público de enseñanza andaluz quedarán gravemente dañadas.