El anonimato y los ciberdelitos

Junto al plano policial y judicial, es necesaria una autorregulación de los gigantes de internet contra el anonimato que sirve de amparo

Históricamente, la colisión entre la libertad de expresión y la comisión de delitos como las injurias, las calumnias o la incitación a la violencia y el odio han tenido un espacio acotado de actuación y unas reglas de juego que han ido más allá de lo que, en cada país y momento concreto, se recogía en las leyes. Por lo que ha significado de intervención policial y judicial pero también por el alto grado de autorregulación que nos hemos impuesto todos: los ciudadanos y los propios medios de comunicación, como responsables subsidiarios. Hoy, la globalización de internet y la aparente impunidad que proporciona el anonimato en las redes sociales están poniendo de manifiesto la necesidad de revisar el camino recorrido para adaptarlo al nuevo ecosistema de medios, reforzar la formación y especialización de las fuerzas de seguridad para evitar los linchamientos y excesos que puedan ser constitutivos de delito y agilizar la actuación en los tribunales con el fin de trasladar un mensaje ejemplarizante y de intimidación frente a quienes aún creen que los delitos no tienen consecuencias bajo la máscara digital. Justo el lunes pasado, las redes se llenaron de muestras de condolencia y cariño por la muerte de Bimba Bosé y, con la misma virulencia que ocurrió en otoño contra el niño valenciano enfermo de cáncer al que se dedicó un festival taurino, se produjo una lamentable campaña de ofensas hacia la modelo y cantante, en este caso con tintes homófobos. La Fiscalía ya está estudiando si algunos de los textos injuriosos y ofensivos alusivos a la homosexualidad incurren en un delito de odio, si bien ha advertido que es un tema especialmente complicado en tanto que sólo el perjudicado puede impulsar acciones penales. A ello se une la dificultad misma que entrañan este tipo de delitos como refleja el reciente archivo del caso del torero Víctor Barrio al no poder probar el juez que las burlas por su muerte incitaran al odio. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, garantizó que los mensajes de burla e insultos a la actriz y su familia serán investigados y recordó que el Gobierno del PP ha endurecido las penas de los delitos de odio y discriminación a través de las redes sociales. Efectivamente, "nadie puede pensar que está al margen de la ley" y es imprescindible contar con la cobertura e instrumentos legales suficientes para poner freno a estos linchamientos. Pero siendo conscientes de que el plano policial y judicial no será completamente efectivo si no hay una concienciación social compartida, una movilización ciudadana en las propias redes y una autorregulación por parte de los gigantes de internet que contribuya a impedir que el anonimato siga sirviendo de amparo para la comisión de delitos.

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