Cinco años perdidos. Ésa es la principal conclusión del informe que hoy publicamos sobre el retraso en la ejecución de los corredores ferroviarios. Desde que el PP regresó a La Moncloa en noviembre de 2011, las inversiones para la mejora del transporte por vía férrea han sido cicateras para con Andalucía. Los ejemplos más sangrantes son el aislamiento por tren que vive Granada desde hace 614 días y la nula inversión ejecutada en el único tramo de los corredores que tiene doble prioridad: el trazado entre Algeciras y Bobadilla, cabecera de los itinerarios Atlántico y Mediterráneo diseñados por la Comisión Europea. La poca inversión presupuestada en esa línea, unos 213 millones, de la que casi no hay nada ejecutado, supone un lastre para la economía andaluza y, también, española. Comunicar con un ferrocarril de altas prestaciones el puerto de Algeciras es fundamental para el despegue del sector logístico en la región, procurando tráficos de importación e exportación que ahora van, fundamentalmente a los puertos de Valencia y Barcelona. Esta mala dotación además resulta intolerable cuando se compara con lo que sí se ha presupuestado -y se ejecuta- en el Levante español, cerca de 5.000 millones de euros. Andalucía, su Gobierno autonómico, considera estratégica esta inversión, como también estima que no puede seguir discriminándose por más tiempo a una provincia como Granada, capital de la que sólo salen y llegan trenes de Almería desde el 7 de abril de 2015. Tras cuatro años de mayoría absoluta del PP en la que ha castigado a la comunidad y otro de bloqueo político, en la legislatura que acaba de iniciarse el nuevo equilibrio de mayorías del Congreso que decidieron los españoles en las urnas da la oportunidad de revertir ese agravio. El Gobierno de Andalucía y el partido que lo sustenta, el PSOE, han de esforzarse en negociar con el Estado las inversiones necesarias para acabar con este agravio que penaliza a los andaluces frente al resto de españoles.