Un acuerdo por la financiación

No parece lógico que Andalucía, la comunidad autónoma más poblada de España, esté infrafinanciada

Aunque lentamente, las distintas propuestas para la reforma del sistema de financiación autonómica van tomando cuerpo. De hecho, la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, compareció el pasado miércoles ante la prensa para explicar el modelo ideado por la Junta de Andalucía, basado en la estricta igualdad entre los territorios. El Gobierno andaluz quiere que el cálculo de la financiación se haga en función de la población real de las regiones, con el mínimo posible de factores de corrección que distorsionen esta cifra. Andalucía, con casi 8,5 millones de habitantes, es la comunidad con más habitantes de España, seguida por Cataluña (7,5) y Madrid (6,5). Por lo tanto, es lógico que nuestra comunidad defienda una fórmula que beneficia claramente sus intereses. Pero este criterio, además, tiene la virtud de la objetividad; es un dato concreto que no se puede someter a ningún tipo de manipulación o de interpretación torticera. Si tienes más habitantes, recibes más dinero. Lo contrario es apostar por la desigualdad entre los ciudadanos.

Evidentemente, queda mucho por hablar y difícil será que se aplique esta propuesta en toda su amplitud. Comunidades como Extremadura, con poco más de un millón de habitantes, o La Rioja, que apenas supera los 300.000, se opondrán claramente: la primera argumentará la histórica falta de inversiones del Estado; la segunda que es una de las regiones más dinámicas económicamente de España y, por tanto, de las que más aportan proporcionalmente. No son argumentos débiles.

Como se ve, la negociación sobre la reforma de la financiación autonómica no será fácil. Por ello, es importante que la postura de Andalucía cuente con el máximo apoyo político y social posible. En eso, tendrá una gran responsabilidad el Gobierno andaluz, que es el que debe hacer lo posible para que todos los partidos del arco parlamentario se sientan cómodos con la propuesta. Esta vez no es ninguna quimera y la posibilidad de acuerdo se ve en el horizonte.

Independientemente de cuál sea la decisión final, una cosa parece clara: Andalucía necesita unos 4.000 millones de euros para garantizar su financiación, 3.600 de los cuales estarían dedicados a las prestaciones básicas: educación, sanidad y bienestar social. Todo acuerdo debe contemplar esta necesidad y satisfacerla en lo posible. No parece lógico que la comunidad autónoma más poblada de España, que está continuamente recibiendo población de otros territorios, esté claramente infrafinanciada.

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