La suspensión de las dos primeras jornadas de huelga en la estiba, prevista para los próximos días 6 y 8, es una buena noticia que se produce como consecuencia directa del previsible rechazo que el decreto-ley del Gobierno tendrá en el Congreso al carecer de los apoyos necesarios para convalidar el texto. Los estibadores, conscientes de las graves consecuencias de la paralización de la actividad en los puertos con pérdidas millonarias, han decidido conceder un margen de maniobra a los partidos de la oposición y al propio Gobierno a fin de que pacten una redacción que pueda garantizar de alguna forma tanto su continuidad en los puestos de trabajo como la liberalización del sector a la que obliga de manera urgente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a fin de favorecer la competitividad. El Gobierno de la nación y, especialmente, el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, han actuado con una mezcla de bisoñez y osadía a la hora de afrontar un problema de mucho calado que viene arrastrándose desde 2014, cuando se produjo la primera sentencia del TJUE, sin que los sucesivos ejecutivos habidos desde entonces lograsen encontrar un punto de consenso con las partes. De la Serna dio un paso en falso al llevar al Consejo de Ministros el decreto-ley el pasado viernes, que decidió aprobarlo, sin ofrecer a los estibadores más respuesta para sus demandas que el inicio de una negociación colectiva a contrarreloj con las empresas operadoras. Fue un grave error de formas y de fondo que ahora se topa de bruces con la previsible negativa de la mayoría de la Cámara Baja a dar su visto bueno al decreto-ley. El Gobierno, de hecho, ya dejó entrever ayer de manera extraoficial su intención de aplazar una semana más el debate en la Cámara Baja para evitar verse desautorizado, aunque lo que le correspondería hacer es dar marcha atrás y presentar un proyecto pactado.

Esta situación, en la parte más negativa, puede derivar en que las autoridades europeas no esperen un minuto más y hagan efectiva la anunciada sanción de 134.000 euros diarios a España por su retraso en la aplicación del derecho comunitario respecto a la libre competencia. Ahora bien, la advertencia lanzada por la comisaria europea de Transporte, Violeta Bulc, para que el Congreso convalide el decreto-ley representa un injerencia intolerable en las funciones del Legislativo español que debe tener una respuesta contundente cuando la responsable de la UE comparezca el próximo martes en la Comisión de Fomento del Congreso. En este debate con tantas prisas y tensión acumulada se echa en falta una voz autorizada que ponga sosiego y diálogo. El Gobierno está tardando en cumplir con sus deberes.