La guerra de Ucrania ha dejado en segundo plano otros problemas que hasta hace un año estaban a la cabeza de las preocupaciones de los gobernantes europeos y de sus opiniones públicas. Entre ellos está la amenaza del terrorismo yihadista, que sigue siendo un factor de riesgo y de desestabilización que no puede ser minusvalorado. La acción de un fanático islamista el pasado miércoles en Algeciras, que atacó en dos iglesias y asesinó a machetazos a un sacristán, lo ha puesto trágicamente de relieve. Y nos recuerda, además, que España es un objetivo donde este tipo de violencia se ha manifestado con especial crueldad, como se demostró en Madrid en 2004 o en Barcelona en 2017. El atentando de Algeciras, que el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso ha calificado de "salafismo yihadista", es obra de un lobo solitario y no de una organización estructurada. Pero ocurre en una zona especialmente sensible en la que se dan cita una serie de factores que la convierten en potencialmente conflictiva. El Campo de Gibraltar, frontera natural entre Europa y África, tiene que hacer frente al mismo tiempo a las amenazas que suponen las mafias del narcotráfico, del contrabando y las del tráfico ilegal de personas. La existencia de posibles células islamistas en la comarca, que tiene en la inmigración ilegal uno de sus problemas, siempre ha preocupado a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Algeciras es un ejemplo de sociedad multicultural y ello, junto con ventajas evidentes, supone también problemas que hay que prevenir con todos los medios que el Estado tiene a su alcance. Las quejas de las autoridades y vecinos por la falta de inversiones se han reiterado durante años sin una respuesta efectiva por parte de los sucesivos gobiernos. Sin alarmismos injustificados, es evidente que al sur de la Península hay una zona de alto riego que merece una atención permanente y efectiva.