LA apelación al Tribunal Constitucional se ha convertido en una constante de la crispada política española. Cualquier cuestión capaz de provocar una mínima controversia termina en un recurso ante el órgano encargado de blindar y proteger la esencia misma del sistema democrático. Y si finalmente no va al Alto Tribunal, al menos la amenaza de acudir a él se convierte en un elemento más de la bronca a la que nos tienen acostumbrados los partidos. De esta práctica demagógica han participado las dos grandes formaciones políticas españolas y bastantes de las pequeñas. Tanto el PP como el PSOE han abusado del Constitucional cuando les ha tocado ejercer de oposición, hasta convertir el Tribunal en una especie de tercera Cámara -también sujeta a tensiones y maniobras- donde conseguir lo que no se obtiene en el normal juego parlamentario. El último episodio no es muy diferente a otros muchos a los que hemos asistido: Pablo Casado anuncia que llevará al Constitucional la ley de Viviendas que ha pactado internamente el Gobierno de coalición para lograr el mínimo de acuerdo que le permitió aprobar ayer los Presupuestos del Estado. Lo hace aunque esa ley no tiene aún elaborado ni el anteproyecto y cuando es mucho más lo que se ignora de ella que lo que se sabe, y lo hace sin plantear siquiera una mínima base de negociación para modificarla una vez que esté presentada. Ese es el nivel que da la actual política española, no muy alejado del que existía cuando Rajoy estaba en la Moncloa y eran los socialistas los que remaban en la oposición. Las consecuencias, entre otras muchas, es que el Tribunal Constitucional es hoy un órgano colapsado, cuyas resoluciones salen con años y años de retraso, y desprestigiado por haber sido involucrado en batallas políticas que no le correspondían. No estamos hablando de una cuestión menor o accesoria: el Tribunal Constitucional es el garante último de los derechos de todos los ciudadanos y pieza cimental de nuestro ordenamiento democrático. No puede seguir indefinidamente condicionado por pugnas políticas que tienen otros ámbitos de resolución.