La Universidad española y la andaluza requieren desde hace tiempo una reforma que convierta esta institución en una auténtica herramienta transformadora de la sociedad. Actualmente tenemos una Educación Superior muy irregular, en la que conviven centros y profesores de una excelencia máxima -que se tratan de tú a tú con los mayores expertos internacionales en sus materias- con otros cuya calidad y competencia dejan mucho que desear. La misión de la Administración central y de la Junta de Andalucía es, además de mantener la excelencia allí donde ya se encuentra, lograr una calidad media que permita la formación de profesionales competentes en las distintas áreas de conocimiento.

Las causas de la mediocridad que muchas veces atenaza a nuestra Universidad son principalmente dos. En primer lugar está la incapacidad de los principales partidos políticos de llegar a un gran acuerdo para construir una Educación Superior propia del siglo XXI (reformas como la de Bolonia han sido un fracaso). En segundo lugar hay que señalar el corporativismo de una institución que muchas veces ve como agresión lo que simplemente son críticas dirigidas a la mejora. Es cierto que la Universidad ha sido muchas veces maltratada presupuestariamente y que la crisis se ha cebado con sus estructuras y su personal, dañando gravemente su capacidad investigadora (que junto a la docencia es el gran pilar de la institución) e impidiendo la renovación biológica de un profesorado que empieza a dar señales de agotamiento. Pero también lo es que, en numerosas ocasiones, el corporativismo universitario se ha cerrado a todo intento de mejora de su gobernanza cuando ésta suponía una pérdida de privilegios.

El nuevo Gobierno andaluz ha llegado al poder bajo la promesa de un cambio en todos los ámbitos. La Universidad no debe ni puede ser una excepción. Hay que mejorar muchas cosas. Entre ellas, especialmente, es urgente crear un mapa de titulaciones que sepa combinar las necesidades de la economía y el mercado laboral andaluz con la búsqueda desinteresada del conocimiento propia de la institución. También hay que racionalizar una gestión que muchas veces es redundante y en la que se pierden esfuerzos y recursos. Además, se debe potenciar más la investigación científica y tecnológica si no queremos perder definitivamente el tren de la sociedad del conocimiento. Para todo ello hay que tener voluntad política de cambio y capacidad de negociar para llegar a consensos lo más amplios posibles. Merece la pena intentarlo.