Mañana tendrá lugar en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados el debate y votación para su convalidación de dos decretos leyes de gran trascendencia para el Campo de Gibraltar: el de regulación de las empresas de trabajo temporal para su adaptación a la actividad de la estiba -junto a la adaptación del régimen laboral de los estibadores- y el de medidas de contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Tanto en un caso como en otro, las circunstancias temporales hacen más que recomendable que ambos textos sean aprobados con el mayor grado de consenso posible.

El decreto ley sobre la estiba llega al Congreso no solo con el respaldo de las empresas y trabajadores del sector, sino con el visto bueno de la Comisión de la Competencia, encargada de velar por los derechos de los consumidores y que durante todo el largo proceso de negociación ha mantenido una actitud muy vigilante, incluidas duras propuestas de sanción contra las partes. La existencia de una actividad ágil en nuestros muelles es imprescindible para el mantenimiento de nuestras exportaciones e importaciones y, por tanto, todo paso destinado a garantizar la paz social de los puertos es un paso en favor de la prosperidad de España.

Otro tanto ocurre con el decreto ley previo al Brexit, cuya activación sigue pendiente de fecha. De esta futura norma dependerá que los ciudadanos de uno y otro lado puedan mantener unas relaciones normalizadas en el ámbito laboral y de residencia, que se mantenga la cooperación policial y judicial y que las actividades económicas, financieras y aduaneras mutuas queden reguladas y a salvo.

Las complejas circunstancias que han rodeado a asuntos de tanta trascendencia como la reforma de la estiba y el Brexit han dilatado las negociaciones en torno a ambas, hasta el punto de que el Gobierno ha presentado los acuerdos alcanzados en el último minuto, con las Cortes ya disueltas. Cabe la crítica al Ejecutivo por su tardanza, pero es hora de apelar a la responsabilidad de los grupos parlamentarios para que, al margen de los matices ideológicos legítimos, antepongan con altura de miras los intereses de los ciudadanos y aprueben ambas normas. De hacerlo así no darán un balón de oxígeno ni al Gobierno ni al PSOE, sino que serán partícipes de acuerdos sensatos que favorecen a España.