El mazazo que ha supuesto para la economía la crisis sanitaria del coronavirus ha vuelto a poner sobre la mesa una vieja propuesta que aparece y desaparece con frecuencia del debate público: la creación de una renta básica universal. Es decir, que el Estado garantice a cualquier persona unos ingresos mínimos que le permitan existir con dignidad. Esta propuesta suele ser defendida por partidos de izquierda, que creen que serviría para la erradicación de la pobreza, al menos en sus niveles más extremos, al mismo tiempo que generaría un aumento de las cotas de bienestar en toda la población. También argumentan que con la renta básica universal se conseguiría acabar con la arbitrariedad con la que muchas veces se reparten las ayudas sociales, eliminando también una ineficaz y costosa burocracia que se reproduce en todas las escalas de la Administración (central, autonómica, provincial y local). Es normal que una medida así despierte simpatías en amplios sectores de la población. Al fin y al cabo, ¿quién no está a favor de acabar con la pobreza? ¿Quién se puede oponer a que se garantice la vida digna de las personas? Sin embargo, como ya han advertido muchos economistas, la renta básica universal es una de esas propuestas que suenan muy bien, pero cuya aplicación, además de difícil, sería muy perjudicial para las economías. La más importante de las razones en contra es que cobrar por no hacer nada podría desincentivar el necesario espíritu de esfuerzo y superación fundamental para que las economías funcionen. Además, requeriría un aumento considerable de la presión fiscal sobre los que sí trabajan o los emprendedores, lo que probablemente llevaría a un aumento considerable de la evasión fiscal y la economía sumergida. En Andalucía todos conocemos los efectos perversos del antiguo PER, que si bien sirvió para garantizar la paz social en el medio rural andaluz (algo que benefició a trabajadores y propietarios de la tierra) y frenar la emigración, también promovió un tipo de economía informal e incontrolada, de carácter más familiar que individual, a la vez que una cierta picaresca en las llamadas firmas de peonadas. Por tanto, en el más que probable escenario de crisis económica que viene, será mejor que se articule un amplio y ambicioso plan de ayudas sociales y empresariales que permitan sortear el temporal con unos mínimos de bienestar social mientras se consigue rearmar la economía productiva. En definitiva, conseguir cuanto antes unos niveles de bienestar y empleo que permitan a los ciudadanos vivir por sus propios medios, no de la providencia del Estado.