La Junta de Andalucía, como el resto de las administraciones autonómicas, tiene competencias en tres áreas que inciden de forma muy directa sobre la calidad de vida de los ciudadanos: la sanidad, la educación y las políticas sociales. En las dos primeras el Gobierno andaluz ha tenido serios problemas recientemente. La rebelión en la calle contra las fusiones hospitalarias y los malos resultados de la evaluación a los alumnos andaluces reflejada en el informe PISA han marcado de alguna manera la agenda de la región en los últimos meses. Aunque la cuestión no tiene, obviamente, la envergadura de las dos anteriores, ahora puede abrírsele también un hueco en las políticas sociales si se lleva a término el borrador de decreto, adelantado ayer por este periódico, que supone una sustancial reducción de las ayudas que se daban a las familias numerosas, un colectivo especialmente vulnerable. Según el texto que maneja la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, se plantean dos tipos de recortes: uno para las ayudas económicas por hijos menores de tres años en el momento en que se produce un nuevo nacimiento y otro para las ayudas en caso de parto múltiple. La justificación de estas medidas, como no podría ser de otra forma, se basa en la necesaria austeridad presupuestaria impuesta por la crisis económica y la necesidad de contener el gasto público. Pero llama la atención que el Gobierno andaluz, que ha hecho bandera de sus logros sociales y de cómo esas prioridades lo han desmarcado de las políticas nacionales, ponga en marcha propuestas que merman los ingresos de las familias numerosas. Parece poco coherente que con los bajos índices de natalidad que se registran en España, que están poniendo en cuestión hasta el futuro del sistema de pensiones, se piense en tomar decisiones de este carácter. En este momento lo que se necesitan son precisamente medidas que fomenten los nacimientos y que apoyen a las familias que más han sido perjudicadas por el deterioro de la situación económica. Romper ahora su discurso social con una medida como ésta no parece que sea la mejor línea de actuación para la Junta. Hay hasta recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que apuntalan medidas de apoyo para este colectivo. Seguro que el Gobierno que preside Susana Díaz encuentra sin dificultad otras partidas en las que meter la tijera con menos coste social. Sin ir más lejos, el Consejo de Gobierno celebrado ayer aprobó destinar 418,5 millones de euros en el trienio 2017-2019 a la RTVA, ejemplo de despilfarro de dinero público desde hace ya muchos años.