LA decisión del Parlamento de Cataluña de conceder la Medalla de Honor de esta institución este año a todas las personas "víctimas de la represión" y de la "causa general contra el independentismo" en el referéndum ilegal del 1-O es un paso más de la provocación y el pulso al Estado que viene realizando desde hace años una parte del espectro político de esa comunidad. Pero también estamos ante un claro reflejo de la cada vez mayor división entre los partidos que defienden el independentismo en Cataluña. La iniciativa ha partido de la propia presidenta del Parlamento catalán y dirigente de JxCat, Laura Borràs, que de esta forma trata de torpedear claramente el proceso de diálogo que se ha iniciado por parte del Gobierno con otra fuerza política, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), con la que mantiene una lucha encarnizada por liderar la bandera del independentismo. La concesión de esa distinción, que se entregará el día 10 de septiembre en vísperas de la Diada en Cataluña, pone de manifiesto esa división, pues estamos ante un acto absolutamente inadecuado, falto de consenso y hasta delirante en algunos de los argumentos esgrimidos por sus promotores, que hablan de "personas que sufren persecución" y considera mártires a quienes han sido juzgados con todas las garantías en un Estado de Derecho por vulnerar la legalidad democrática. Parece claro que desde hace un tiempo en ERC están interesados en mantener una postura más centrada que les reporte, como así vienen reflejando diferentes encuestas, un mayor número de votos. De ahí han surgido medidas como los indultos a los presos del procés que se han traducido en una cierta moderación de sus posturas. Pero el independentismo catalán tiene varias caras y la lucha por hacerse con el control en estos momentos presenta absurdos reconocimientos como el que quiere hacer su Parlamento, absolutamente fuera de lugar en un marco en el que se supone que el diálogo y el respeto iban a ser las notas dominantes. En Cataluña no hay personas perseguidas por su ideología ni falta de libertades. La prueba es que personas como Borràs pueden permitirse estas frivolidades. Desde el Gobierno central deberían tomar buena nota de todo ello.