Los últimos datos oficiales demuestran que la sanidad pública de Andalucía tendrá aún que recorrer un largo camino de mejora en la asistencia a los ciudadanos. Las estadísticas son unas herramientas frías pero insustituibles cuando se precisa analizar un escenario con perspectiva, lejos de las soflamas y la propaganda de los gobiernos. Y las últimas publicadas por el Ministerio de Sanidad son demasiado contundentes como para ignorarlas. La comunidad arrancó este año con casi 123.000 pacientes que aguardaban una intervención quirúrgica, con más de 140 días de media y algunas especialidades, como la ginecología, con una demora superior a seis meses. Hace una década los enfermos en cola para pasar por el quirófano eran 55.500. La comparativa es muy oportuna. 2012 supone el epígono de una crisis económica que lastró con los recortes las prestaciones sanitarias en toda España. Una fuerte reducción del personal y el freno a las inversiones de infraestructuras pendientes. Atajar el déficit público era el objetivo y las consecuencias se han visto con la pandemia, con una Atención Primaria tensionada al límite. Es cierto que las listas de espera en Andalucía se han reducido en una quinta parte si se compara con 2018. Para ello ha sido necesario concertar cientos de miles de plazas con los hospitales privados. Un recurso que, aunque ahora critique la oposición, también fue habitual durante los ejecutivos del PSOE. También se le debe reconocer a la Junta el cambio de tendencia en estos últimos cuatro años, en los que se ha hecho un importante esfuerzo inversor. El Covid ha demostrado el valor de contar con una sanidad pública a la altura de futuros desafíos. Los casi mil millones de euros para mejorar, proyectar o construir más de una treintena de centros sanitarios en la región son el primer paso. Queda mucho por avanzar. Y esas listas que desesperan son el mejor ejemplo.