A estas alturas ya no queda ninguna duda de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mintió descaradamente a los ciudadanos cuando afirmó tajantemente que nunca iba a pactar con Bildu, formación política heredera de los partidos proetarras. Que un político no cumpla un compromiso no es nada nuevo y, por tanto, no debería de extrañarnos, pero es especialmente grave que un Gobierno democrático llegue a un acuerdo para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con una formación que tiene por principal objetivo destruir la soberanía nacional y que todavía no ha condenado de una forma tajante la historia de la banda terrorista ETA, con más de 800 asesinados y centenares de heridos, mutilados, huérfanos, viudas y viudos. Más bien, por lo que se ve, Bildu sigue celebrando homenajes a los etarras que salen de las cárceles, lo que supone un insulto al Estado de Derecho y una humillación para las víctimas. Lo más sorprendente, además, es que Sánchez no tenía ninguna necesidad de pactar con Bildu para sacar adelante los PGE, pues disponía de la opción de llegar a un acuerdo con Ciudadanos, que había mostrado una sincera predisposición a pactar desde posiciones de centro. El mismo presidente que lleva meses arremetiendo contra el PP por sus acuerdos con Vox, desprecia a un partido de intachable trayectoria democrática como Cs para echarse en los brazos de una formación filoterrorista sin necesidad alguna. ¿Lo ha hecho por ambición personal o por ideología? Lo mismo da, pues el resultado es el mismo: el blanqueamiento de Bildu y un Gobierno que ha llegado a mínimos históricos de dignidad democrática. Para mayor escarnio, los andaluces hemos tenido que ver cómo en los últimos días se han acercado al País Vasco a los asesinos presos de Alberto Jiménez Becerril y Ascensión García Ortiz. Nadie pone en duda que, en un futuro, habrá que relajar una política penitenciaria excepcional que responde a un escenario de violencia, pero esto no se puede tolerar mientras los ex miembros de ETA y sus apoyos sociales no colaboren con la Justicia para esclarecer los más de 300 crímenes aún pendientes.

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