Desde 1979 y salvando un anecdótico episodio en 2006, ningún Gobierno había fracasado en su intento de convalidar en el Congreso de los Diputados un real decreto-ley aprobado previamente por el Consejo de Ministros. Basta este dato para valorar las dimensiones del fracaso en mayúsculas cosechado ayer por el Ejecutivo de Mariano Rajoy después de que la Cámara Baja derogase, con el rechazo del PSOE y Podemos y la abstención de Ciudadanos, el texto con el que el Gobierno pretendía liberalizar el sector de la estiba en España. A finales de 2014, el Tribunal Justicia de la Unión Europea condenó a nuestro país por mantener los servicios de carga y descarga en los puertos al margen de la libre competencia, que a día de hoy, más de dos años después, siguen bajo prácticas monopolísticas amparadas por la legislación vigente. Tras varios avisos de la Comisión Europea, el Ministerio de Fomento desveló, al fin, su intención de elaborar el decreto-ley el pasado mes de febrero pero, por sorprendente que pueda parecer y pese a no gozar de mayoría absoluta, optó por hacerlo sin contar con la opinión de los sindicatos ni de los partidos de la oposición. El proyecto normativo fue desvelado el día de su aprobación, el 24 de febrero, un paso en falso (como ya advertimos en este mismo espacio editorial) que no fue corregido ya que el Gobierno evitó desde entonces someterlo a cualquier modificación. El sorpresivo e inconcreto anuncio por parte del ministro De la Serna de que se aprobaría posteriormente al decreto otro "instrumento legislativo" para atender las demandas sindicales no convenció a nadie, como tampoco lo hizo su irrupción, a menos de 24 horas de la sesión del Congreso, en una reunión de carácter técnico entre sindicatos y patronal en la que puso sobre la mesa un programa de prejubilaciones a los 50 años.

A lo largo del último mes, la inestabilidad legislativa generada ha llevado a una situación límite a los puertos españoles, que se han enfrentado a una huelga de celo encubierta y al desvío de tráfico de buques hacia muelles que ofrecen más garantías para las operadoras y sus clientes. En el caso de Algeciras, primer puerto de España, la pérdida del tráfico de mercancías fue del 11% en el mes de febrero, porcentaje que fuentes del sector elevan a un dramático 50% en lo que llevamos de marzo. Es hora de actuar y de que el Gobierno y la oposición conviertan la votación de ayer en una oportunidad para legislar conforme a lo marcado a la citada sentencia y se sienten a negociar de forma urgente y sin miedos con los agentes sociales, que también están llamados a asumir una importante cuota de responsabilidad, de tal forma que los puertos mejoren su operatividad y competitividad con los menores costes laborales posibles.