Desde el inicio del actual periodo democrático, las jornadas electorales en España se han desarrollado como las de cualquier otro país europeo, las tensiones de los días anteriores se encauzan en lo que se ha venido en llamar la fiesta de la democracia. Sólo en 2004, con motivo de los terribles atentados en Madrid, la campaña quedó alterada, un país roto no sólo por el dolor, sino por la polarización en la que se enfangaron los contendientes. Las del 10 de noviembre de 2019 pueden ser distintas. Hay un riesgo de que el independentismo catalán rompa la jornada de reflexión del 9 de noviembre y que, incluso, los más exaltados intenten encerrarse en los colegios electorales, tal como ocurrió el 1 de octubre de 2017. Si algo enseña el conflicto catalán es que los exaltados lo intentan y, en ocasiones, lo consiguen. El clandestino Tsunami democràtic, la organización en la que los partidos del Gobierno de la Generalitat han dejado las acciones callejeras, ha llamado a una jornada de protesta para ese sábado. Lúdica, le llaman con su habitual falso lenguaje, porque sus acciones siempre son finalizadas por los más violentos de los CDR. Ocurrió en la toma del aeropuerto del Prat a las pocas horas de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo. Hay tiempo y hay avisos: el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez y el cuerpo de Mossos tienen que evitar, a toda costa, posibles ocupaciones de los colegios, que comenzarían el viernes anterior, y disturbios en las calles el sábado y el domingo. Los cuerpos policiales saben cómo prevenir estos actos, con una presencia activa y masiva mucho antes de las convocatorias. Estamos ante un nuevo desafío al Estado, gravísimo porque se intenta impedir mediante coacción la libre expresión popular, de modo que no caben ejercicios de proporcionalidad. Y, del mismo modo, cualquier apoyo, por acción u omisión, del Govern a estas convocatorias ilegales debe ser perseguido en el acto con toda la fuerza de la ley.