La ciudadanía percibe cómo en los últimos tiempos se está produciendo un creciente deterioro de servicios públicos que hasta hace no mucho funcionaban a satisfacción de sus usuarios. No se trata ya sólo de las más que reiteradas quejas por los retrasos en la Atención Primaria, que se agravan en verano por la escasez de médicos, o el colapso de las urgencias hospitalarias que se produce con más frecuencia que la que explicarían los picos asistenciales. También, la limpieza de muchas ciudades o la conservación de carreteras, sean estatales o autonómicas, presentan carencias, sin que por parte de los responsables se arbitren soluciones. En las últimas semanas se está produciendo en Andalucía una escalada de quejas que tiene que ver con el servicio ferroviario. Muchas de ellas afectan a las líneas de alta velocidad que conectan Madrid con Córdoba, Sevilla, Málaga y Granada, que hasta hace no mucho eran modélicas en cuanto a calidad, puntualidad y prestaciones. Sin que se conozcan muy bien las razones, porque la operadora Renfe no las ha aclarado, muchos trenes AVE han llegado a su destino con enormes retrasos tras largas paradas injustificadas o han tenido averías en los sistemas de aire acondicionado precisamente en los días de más calor. Tampoco se libran los servicios de media distancia que comunican las distintas capitales de la región, en los que los retrasos y otras incidencias están a la orden del día. Cuando en una sociedad avanzada, como la nuestra, los servicios más básicos dejan de estar a la altura que demandan sus usuarios es que algo se está haciendo mal. Y eso es responsabilidad tanto de los que se encargan directamente de prestarlos como de los que tiene la obligación de supervisarlo; es decir, de las autoridades nacionales, regionales o locales.