El Debate sobre el estado de la Nación concluirá hoy con las votaciones de las propuestas de resolución de los distintos grupos, aunque las dos sesiones celebradas permiten ya hacer un balance. La apuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido convertirlo en un debate sobre el estado de la coalición que sostiene al Ejecutivo. Sánchez antepuso afianzar sus apoyos para asegurarse la continuidad hasta el final de la legislatura a las medidas que atajen realmente la emergencia económica a la que se enfrenta España. La batería de medidas propuestas encaja más en el programa económico e ideológico de sus socios, tanto Unidas Podemos en el Gabinete como otros grupos de izquierda en el Parlamento, que en el propio del PSOE. Sobresale sobre ellas la creación de impuestos ad hoc a la banca y a las empresas energéticas, justo lo que le pedían esos partidos y algunos líderes sindicales. Se trata de una medida de corte populista, que culpa injustamente a esas compañías de la escalada de precios. Incurre en la contradicción de gravar a las energéticas cuando la mayor parte de los llamados beneficios caídos del cielo van a engrosar la recaudación de impuestos, sobre todo en los carburantes -un componente clave en el alza de precios-, donde no se ha modificado la fiscalidad. Igual sucede con la banca, a la que se le atribuyen unos beneficios por la subida de tipos que no están acreditados, porque también subirán los costes y se reducirá el negocio. Se trata, además, de medidas que crean inseguridad jurídica y de las que aún no se sabe nada sobre la justificación que permitirá gravar a unos sectores sí y a otros, no. Pero sobre todo, más allá de su arbitrariedad, son acciones que no resuelven los problemas de la grave situación económica, porque están pensadas sólo para contentar a sus socios políticos, y que incluso pueden volverse en contra en caso de que los peores augurios se cumplan y España caiga en recesión. Pedro Sánchez no se examinaba sólo antes sus socios, sino ante los españoles. Y, claramente, suspende.