El reparto de los primeros 6.000 millones del fondo de 16.000 habilitado por el Gobierno para hacer frente a los graves efectos desencadenados por la pandemia en las finanzas de las comunidades autónomas ha caído como un jarro de agua fría sobre la Junta de Andalucía, por más que, básicamente, se hayan respetado los criterios que fueron aprobados por una mayoría muy amplia en el Congreso de los Diputados. Ese respaldo lo dieron, entre otras fuerzas políticas, el PP y Ciudadanos, los dos partidos que gobiernan en coalición en Andalucía. La protesta de Juanma Moreno y sus consejeros viene determinada por lo que consideran un trato discriminatorio frente a otras comunidades y al hecho de que se ha ignorado la ratio de población asistida como elemento básico de la baremación. Así los 597,6 millones que vendrán a Andalucía son la mitad de los que se conceden a Cataluña y apenas un tercio de los que corresponden a Madrid, la comunidad más beneficiada. Andalucía también se arma de argumentos por el hecho de que este reparto haya coincidido con el acuerdo de Bruselas que le va a suponer a España 140.000 millones de euros en los próximos años para hacer frente a las consecuencias del Covid-19. Esa cantidad para nuestro país pondera población, paro y riqueza per cápita en relación con el resto de los socios de la UE. Se han utilizado, por tanto, criterios de convergencia y cohesión entre los territorios que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha aplicado en su propio fondo nacional, que ha terminado beneficiando a las dos comunidades más ricas de España. Habrá que estar, por lo tanto, muy atentos a cómo se van a distribuir los fondos provenientes de la Unión Europea, que van a ser decisivos a la hora de afrontar la durísima crisis económica que ya asoma para después del verano. Andalucía se juega mucho, por las condiciones de partida -el diferencial de renta con las zonas desarrolladas del país es abrumador- y porque el coronavirus ha destrozado en la práctica un sector como el turismo que le era básico en la generación de riqueza y empleo. La Junta debe exigir que esta vez los criterios tengan en cuenta estas realidades.