El poder político siempre ha aspirado a usar a las hermandades y cofradías en su propio beneficio. Son muchos los motivos. El principal es el intento de aprovecharse del prestigio de unas corporaciones que, en muchas ciudades andaluzas, son piezas importantes en la vertebración social y urbana. Asimismo, a nadie se le escapa la trascendencia que tienen las hermandades en el mundo afectivo de los andaluces. Estas instituciones son depositarias de devociones ancestrales con las que muchos ciudadanos están plenamente identificados. Estas instituciones fundamentales en la religiosidad popular andaluza, sin renegar de su integración en la Iglesia católica -de la que forman parte plena y conscientemente-, van más allá de lo meramente cultural para convertirse para muchas familias en lugares de encuentro entre el pasado y el presente, en sitios donde todos los años uno se puede reencontrar con lo más íntimo y querido, incluso con los miembros que ya no están. Por todo lo dicho, todo intento de aprovechar estos sentimientos y devociones con fines políticos y electorales sólo puede mirarse con reproche.

Como trascendió ayer, la Congregación de Mena de Málaga ha pedido a los líderes del PP, Ciudadanos y Vox, Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal, respectivamente, que no acudan como tenían previsto el Jueves Santo al traslado del Cristo de la Buena Muerte para que no se convierta en un "escaparate político". A la hermandad le asiste toda la razón. No dudamos de las buenas intenciones de los tres candidatos, pero habría que ser muy ingenuo para no ver en dicha presencia un acto claramente electoral, un intento de apropiarse de una arraigada tradición malagueña para captar votos. Los políticos en campaña tendrían que hacer un esfuerzo para intentar no manipular los sentimientos y devociones de los ciudadanos en su favor.

Sin embargo, en estas cautelas respecto a las relaciones entre los políticos y las cofradías hay que hacer una clara excepción: cuando éstos acuden a las procesiones en calidad de representantes del pueblo (alcaldes, subdelegados del Gobierno, concejales, etcétera). En este caso la presencia está plenamente justificada, pues no representan a unos intereses políticos determinados, sino al conjunto de los ciudadanos. En los últimos tiempos, han surgido algunas voces -equivocadas a nuestro entender- contrarias a esta presencia. Es normal que las instituciones de los ciudadanos honren y acompañen a lo que la mayoría de los ciudadanos aman.