La Consejería de Salud tiene previsto iniciar hoy el programa que provee de datos a la aplicación móvil Radar Covid; comenzará en las provincias de Málaga y Almería, que son las más afectadas, e irán uniéndose las demás a lo largo de los próximos días. Herramientas similares se utilizan en otros países con distintos resultados, por lo que habrá que esperar unos meses para conocer su efectividad. Se calcula que es necesario que más del 60% de los usuarios de teléfonos móviles se la bajen y colaboren con ello. Hasta ahora, se habían producido dos millones de descargas en todo el país. De generalizarse, la aplicación avisaría a cada persona de si ha tenido alguna exposición al riesgo de Covid-19, por haber estado junto a un positivo, cerca y durante un cuarto de hora. De este modo, todos los contactos de un nuevo caso conocerían al instante esta exposición, por lo que podrían actuar para realizarse un análisis. La aplicación es sencilla de utilizar, basta con bajarla e introducir un código, que facilita la Consejería de Salud, en el caso de que se haya dado positivo. El propio teléfono enviaría una señal de alerta a los aparatos que ha tenido cerca en los últimos 14 días; en ningún caso se informa de qué número proviene el aviso. El mayor problema que plantea esta aplicación de cara al público es el de la protección de los datos. Tanto el Gobierno como la Junta explican que éstos no se guardarán en ningún lugar, que las localizaciones sólo se conservan durante 14 días y que lo que intercambian los teléfonos son códigos que, a su vez, van cambiando. Los argumentos parecen razonables. Si la aplicación resultase positiva, sería un instrumento magnífico de prevención de nuevos contagios, siempre que el sistema sanitario fuese capaz de realizar pruebas diagnósticas a las personas alertadas por el teléfono. Esto se tendría que producir de inmediato. Corea del Sur cuenta con una aplicación parecida, aunque aporta más datos sobre la ubicación de los nuevos positivos del Covid-19. Su implementación necesitó de varios cambios legales que fueron posibles porque el país asiático había pasado por la experiencia del virus del SARS.