El Consejo de Ministros, en su primera reunión tras las vacaciones, ha iniciado los trámites para aprobar el proyecto de ley que creará en España la Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap), un organismo autónomo que, sustancialmente, deberá anticipar y coordinar la respuesta de la Administración ante situaciones de emergencia sanitaria. La pandemia que hemos vivido con el Covid-19 y la disparidad de criterios con que se ha afrontado es el ejemplo más evidente de la necesidad de constituir un organismo con capacidad y autonomía para afrontar cualquier reto al que pueda enfrentarse la salud pública en este país. La constitución de este nuevo ente se pretende tramitar por la vía de urgencia y entre sus funciones podrá aglutinar las competencias que ahora radican en otros organismos que trabajan en este campo. Por ejemplo, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y otros de ámbitos distintos que operan en las universidades o las comunidades autónomas. De momento, no hay nada concreto sobre la estructura que dispondrá la nueva agencia pública. Sí que su intención es dotarse de personal de la más alta cualificación técnica y científica. Un enunciado suficientemente atractivo para que cinco comunidades autónomas ya anuncien su intención de competir por su sede. Entre ellas, Andalucía. El presidente de la Junta ya la reivindicó en la entrevista que mantuvo con Pedro Sánchez en Moncloa el mes pasado. Una petición sensata y justificada. Si es necesario monitorizar los riesgos de las distintas enfermedades no hay mejor caldo de cultivo que el que ofrece la población de la mayor comunidad española. La sede andaluza de esta agencia de salud, como la futura espacial o la Inteligencia Artificial, que se reclaman estas últimas para Sevilla y Granada, serían la mejor respuesta institucional a un olvido secular. La región necesita impulsos institucionales para superar un diferencial económico crónico que la sitúa por debajo de la media española.