La aprobación del Tratado Fiscal entre España y Reino Unido sobre Gibraltar se celebra como un paso adelante en aras de normalizar las relaciones de vecindad. Bienvenido sea. El mismo tiene como objetivo el limitar la competencia fiscal desleal y garantizar lo que debería estar superado, esto es, que la Hacienda española recaude, lógicamente, los correspondientes tributos a todo aquel que resida o tenga actividad en España y que, en definitiva, es beneficiario de los servicios que nuestro país les proporciona, y a cuyo mantenimiento debe contribuir, como todos.

Es decir, como premisa se reconoce la existencia del fraude recurrente que nos afecta, como es vivir o tener actividad empresarial en España sin pagar el correspondiente IRPF o Impuesto de Sociedades. Es bueno legislar para que ello acabe, pero es significativo reconocer que se produce.

Quizá la postura lógica sería no tener que acordar tales instrumentos preventivos, sino que, como ocurre en otros territorios de la Vieja Europa como Mónaco o San Marino, las cargas tributarias fueran homogéneas entre Gibraltar, parte del Reino Unido, y España. No existiendo un tabaco, alcohol, o una gasolina a precio diferente del marcado en España, los controles fronterizos podrían ser mucho más laxos, como la colonia pretende.

Pero no se puede poner en marcha esa comodísima frontera blanda y, al tiempo, seguir perpetuando una fiscalidad ventajosa para una parte solamente. Y España, como miembro de la UE, no tiene otra solución que controlar esa frontera exterior, y más cuando tales diferencias impositivas conllevan la presencia de ilícitos, como sabemos.

A ello se unen otras circunstancias dolientes, como el distinto trato dado a pensionistas con igual periodo contributivo por ser español o gibraltareño. Es de agradecer que Gibraltar emplee a tantísimos trabajadores españoles pero también ha de reconocerse que sin el concurso de tales transfronterizos la economía llanita no habría progresado como lo ha hecho. Y visto el indudable éxito obtenido, no es de recibo que se trate a un trabajador de manera discriminatoria frente a otro. El dar tal empleo no da patente de corso para justificar el maltrato al español. Gibraltar siempre sabe escoger su parte del embudo.

Por ello, sí, hay que celebrar que se regulen las relaciones y que se intente vedar el abuso secular pero, precisamente por ello, no podemos blanquear a quien tradicionalmente ha hecho daño a nuestra economía. España históricamente se ha equivocado, y mucho, respecto a Gibraltar, pero que no seamos solo nosotros los que nos flagelemos.