En las próximas elecciones del 28 de Abril seremos 36.793.976 los españoles llamados a las urnas. De ellos, 2.093.977 (el 5,7% del total) residen en el extranjero y, por tanto, solo pueden ejercer su derecho a través de lo que se conoce como "voto rogado", esto es, una modalidad de sufragio en la que el potencial elector se ve obligado a "rogar" que le sea concedido el derecho al voto. Estos españoles, que no se encuentran en países foráneos precisamente de turismo, sino que, más bien, se han visto obligados a buscarse la vida fuera de nuestras fronteras en virtud del desolador panorama laboral existente en España; si quieren participar en las elecciones de su país, deben comprobar en el consulado si están inscritos en el CERA (Centro de Extranjeros Residentes Ausentes), condición imprescindible para poder después solicitar el voto. Una vez tramitada la petición, recibirá por correo la documentación necesaria y entonces, por fin, podrá, como español, ejercer su derecho al voto, eso sí, molestándose de nuevo en ir a una oficina postal para enviarlo por correo certificado.

Este engorroso procedimiento fue aprobado por nuestro parlamento en 2011 con los votos a favor de: PP, PSOE, CiU y PNV. Su justificación era que así se garantizaba la "seguridad en la emisión del voto". Sin embargo, las consecuencias de dicha reforma no han podido ser más desastrosas: Después de cursar la solicitud, a veces, tras hacer largas colas en unos abarrotados consulados, muchos no reciben las papeletas por la descoordinación entre los servicios postales españoles y los de sus países de residencia; otros no logran que sus votos lleguen a tiempo a la mesa electoral por lo ajustado de los plazos y, en definitiva, todo son trabas y dificultades para unos emigrantes a los que el ejercicio de votar les supone un viacrucis que deben acometer con: ganas, tiempo… y dinero. El resultado está a la vista, desde que se implantó la norma, la participación de los "exiliados" en las diversas elecciones ha bajado del 35% al 6%. Es evidente que a los partidos mayoritarios no les interesa computar la opinión de estos dos millones de españoles, quizá porque sospechan que no deben de estar muy contentos con la gestión de unos políticos que les han forzado a abandonar su país, aprender otro idioma, adaptarse a costumbres ajenas y alejarse de sus familias. Con la multiplicación de trámites, el acortamiento irracional de los tiempos y la practica inexistencia de publicidad institucional que explique a los electores como deben proceder, han conseguido dejar casi mudo (más del 90% de abstención) al colectivo de expatriados. Qué contraste con el empeño que ponen en acercar a las urnas hasta el más reacio (¿o manipulable?) de los residentes en territorio nacional.

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