Editorial

Una violencia que va contra todos

CASI 900 agresiones -físicas y, sobre todo, verbales- se registraron el año pasado en los hospitales y otros centros sanitarios dependientes del Servicio Andaluz de Salud. Se dirá que son pocas, estadísticamente, en comparación con el número de pacientes que son atendidos en la red a lo largo de doce meses. Pero son muchas, demasiados, objetivamente, teniendo en cuenta los lugares en los que se producen y las víctimas a las que se dirigen: el 80 por ciento de los agredidos forman parte del personal sanitario, siendo muy similares los porcentajes correspondientes al estamento médico que a los enfermeros. Málaga y Sevilla son las provincias que se situaron en cabeza en este desdichado ranking. Hay que señalar, con todo, que el número de incidentes denunciados supone un descenso de casi un centenar con respecto a los habidos en el año 2006. A ello no serán ajenas la creciente sensibilización de los ciudadanos y de los propios sanitarios, y la actuación de las autoridades, que en numerosas ocasiones consiguen que la Justicia sancione penalmente estas agresiones como delitos de atentado, con el consiguiente agravamiento de las sentencias en relación con lo que años atrás se ha establecido. Se trata de una medida que hay que aplaudir dentro de un plan general que ha dotado a los centros sanitarios de videocámaras de vigilancia, timbres antipánico, interfonos y otros dispositivos técnicos que han de hacer posible que el acto médico se desarrolle con plena tranquilidad en beneficio del paciente. Como en otros aspectos de la vida nacional, hay sectores sociales que han pasado del temor reverencial al médico y al resto del personal sanitario a una absoluta pérdida de respeto a los mismos, con exigencias fuera de lugar e imposiciones contrarias a la lógica de la prestación sanitaria. Hay que combatir este tipo de vejaciones y actos de violencia, que resultan tan intolerables para los trabajadores de la sanidad pública que los sufren como para la sociedad en su conjunto, que tiene derecho a recibir asistencia en condiciones de serenidad y respeto mutuo.

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