En los dos últimos días, Quino López ha desgranado en Europa Sur las preocupantes conclusiones de un informe del Instituto Nacional de Toxicología, fechado el pasado 10 de enero, en el que se subraya el "riesgo para la salud de las personas" que representan las filtraciones contaminantes del vertedero clausurado de El Cobre. Estas alcanzan al arroyo El Cava y nada menos que las aguas subterráneas del área Guadarranque-Palmones, es decir, de gran parte del arco de la bahía algecireña. Las advertencias de dicho informe, encargado por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Algeciras, son compartidas por los análisis y estudios que en torno a ese problema han realizado también en los últimos años el Seprona de la Guardia Civil, la Consejería de Medio Ambiente y dos empresas privadas cualificadas.

No es alarmismo. Estamos ante un escándalo, un gravísimo problema ambiental y sanitario al que Toxicología ha puesto nombres: cromo, níquel, arsénico y cobre, sustancias potencialmente cancerígenas. Desde la década de los 90, este vertedero localizado en suelos del Ayuntamiento de Algeciras fue utilizado sin control en un espacio natural para almacenar residuos industriales y urbanos, sin vasos impermeabilizados que evitasen que los lixiviados entrasen en contacto con la tierra o el agua. A la vista queda que su clausura en 2008 por parte de la Junta fue una chapuza, ya que tan solo sirvió para quitar de la vista las basuras y los malos olores porque el auténtico problema estaba más abajo. Y lo seguimos sufriendo. Las preguntas son obvias: ¿Hacen algo las administraciones públicas para evitar que se sigan filtrando los lixiviados tóxicos? ¿Es necesario que haya una resolución judicial firme para que se ponga freno a semejante atentado contra el medio ambiente y la salud?

El Ayuntamiento de Algeciras ha encargado un nuevo informe pericial de parte -pagado, por tanto, por todos los algecireños- para incorporarlo a las diligencias judiciales, pero no parece que esta decisión sea ni la mejor ni tampoco la más urgente, por mucho que la actual concejala de Medio Ambiente esté pendiente de comparecer ante el juzgado en calidad de investigada.

El actual equipo de gobierno municipal podrá argumentar con razón que este es un problema generado por la negligencia de otros en otros tiempos, aunque las denuncias de los ecologistas de Agaden son públicas desde, al menos, el inicio del presente siglo. Tampoco puede pasar por alto que la solución pasa por sus manos. Como propietario de los terrenos, las responsabilidades del Consistorio pasan de manera urgente por lograr de la Junta la correcta restauración ambiental de la zona, contribuir a establecer las responsabilidades oportunas, reclamar, en su caso, indemnizaciones y conocer las consecuencias de lo ocurrido. Con luz y taquígrafos.