Los parlamentarios independentistas podrán presumir de muchas cosas, pero no de plantar cara a las adversidades: en cuanto vienen mal dadas, o piensan que pueden venir mal dadas, se arrugan. Lo último, aceptan la enmienda de la CUP para reivindicar la DUI, pero a continuación la retiran.

De la sesión parlamentaria convocada para este jueves esperaban que salieran las grandes decisiones que recogieran su filosofía: la reiteración de la DUI, la aprobación de una fórmula que diera paso a la república catalana o la designación de Puigdemont como el hombre que regiría los destinos de los catalanes, con un título que diera a entender que era el presidente auténtico y no el previamente pactado para ser elegido por el Parlament. Sin embargo, se rebajó considerablemente el tono en cuanto se conoció el texto de la Fiscalía que anunciaba las consecuencias de sus iniciativas, y se descafeinó todo lo relacionado con el papel del ex presidente.

El paso atrás que se ha visualizado en la sesión parlamentaria es continuación de los sucesivos pasos atrás dados por los independentistas, que en las últimas semanas declaraban que no se podía gobernar Cataluña desde Bruselas -Junqueras fue uno de los que se pronunció en esos términos- y que a la hora de la verdad han tenido miedo a ser considerados traidores botiflers y han dado su voto a que Puigdemont haga y deshaga en la Generalitat. Con un título honorífico, una asamblea o consejo de una república que no existe y cargos de la Generalitat que, o mucho nos equivocamos o se alejarán de Puigdemont en cuanto puedan, en Cataluña seguirá mandando Rajoy en virtud de un 155.

Las peripecias últimas, con cambios de criterio y retirada de propuestas que podrían ser delictivas, demuestran que la única manera de luchar contra la ilegalidad política es trasladar las decisiones a la Justicia, además de promover los mecanismos que recoge la Constitución, como el mencionado 155, que protege a los ciudadanos de Cataluña de las decisiones de unos gobernantes que se sitúan al margen de la ley y pueden tomar decisiones que llevan directamente a la catástrofe.

La Justicia, sin embargo, se tiene que cargar de argumentos antes de intervenir. Hay que esperar a ver de qué forma manda Puigdemont, qué iniciativas toma el nuevo Gobierno, si los consellers actúan al margen de lo que dicte Bruselas o despachan periódicamente con el presidente fugado, quién y cómo se paga al fugado… Con el transcurso del tiempo se verá cuándo y cómo se debe intervenir judicialmente, sin precipitarse. Como diría Pío Cabanillas, lo urgente es esperar.