ENTRE los mensajes para endurecer la campaña que el PSOE introdujo anteayer hubo uno que ha provocado que el Consejo General del Poder Judicial ampare a uno de sus miembros de oficio, sin que se le hubiese solicitado. La polémica, como tantas, la desató uno de los políticos más hábiles dando mítines que haya en España, Alfonso Guerra. El diputado sevillano dijo que la juez del caso de los falsos ERE, Mercedes Alaya, actúa en función de la "fuerte relación" que le une al también juez y alcalde de Sevilla del PP, Juan Ignacio Zoido. A Guerra le siguió ayer el número uno por Cádiz, Manuel Chaves, que fue más moderado pero sostuvo la misma tesis de la connivencia. No hay duda de que se trata de una táctica electoral preventiva, que busca evitar que coincidan en la campaña, como ocurrió en los comicios municipales, citaciones a políticos que son candidatos. Temen, en pocas palabras, ver al ex consejero José Antonio Viera haciendo el paseíllo ante el Palacio de Justicia.

La calculada ambigüedad de Guerra fue censurada por el Poder Judicial con reproches de trazo grueso: "Insinuaciones vejatorias contra una mujer", las califica.

Esta reacción sin embargo no es lo que, a mi juicio, debiera preocupar al PSOE sobre el paso dado. Creo que no ha medido las consecuencias del camino emprendido. Al tratar de señalar que Zoido eligió a la juez que lleva el caso al provocar con una denuncia que fuese a parar a su juzgado por turno de reparto, no ha medido que el efecto perseguido puede volverse contra el PSOE como un bumerán. La Junta ha defendido en todo el proceso de los ERE que fue el Gobierno andaluz quien denunció el asunto en la Fiscalía y que es la primera que busca el reproche penal contra los responsables del mal uso de los fondos de empleo. Y esta tesis entra en contradicción con la táctica desplegada, que puede dar a entender a la opinión pública que los socialistas están intentando tapar la corrupción.