Contaba Quino López en su magnífica crónica de la manifestación en demanda de una sanidad pública y digna, celebrada el viernes en Algeciras, que algunos de los asistentes atendieron con lágrimas en los ojos a las intervenciones habidas en el tramo final del acto. Una de ellas fue la de Francisca, quien con las manos aferradas al atril instalado en la Plaza de Andalucía narró el día en que se presentó en Urgencias del Punta de Europa con su marido infartado: no había un cardiólogo para atenderle de ese maldito dolor en el pecho y el hematólogo de turno hizo todo lo que pudo y supo. Y como las consultas con el especialista van como van, a muchos meses vista, al final tuvieron que gastarse 400 euros en la privada para contar con un diagnóstico y un tratamiento adecuados. Al consejero de Salud, Jesús Aguirre, se le presuponen la buena voluntad y los conocimientos necesarios para saber cómo atajar el problema, al igual -estoy seguro- que a su antecesora en el cargo, la socialista Marina Álvarez. El problema de Aguirre, como el de su colega Álvarez en su momento, es que cada día sale al ring a pelear con una mano atada a la espalda, sin recursos económicos suficientes de los que poder echar mano y con unas limitaciones en las fórmulas de contratación de los médicos que desincentivan a los mejores profesionales, que acaban siendo acaparados por el sector privado tras años de costosa formación en las universidades públicas y en los centros del SAS.

El sistema sanitario español y, en concreto, el andaluz -al igual que ocurre con el educativo o los servicios de Dependencia, las tres patas que conforman el precario Estado del Bienestar- lleva años demandando a voces una mejora de su financiación a través de un gran pacto estatal entre el Gobiernos de España, que es el que pone el dinero y define la cartera de servicios que se prestan en todo el país, y los de las autonomías, los responsables finales de que el sistema público de salud funcione. ¿Desde cuándo no hay acuerdo? Desde 2009. Y la situación desde entonces, es obvio, ha evolucionado muchísimo. En el caso andaluz, a peor. La participación de nuestra comunidad autónoma en los ingresos del Estado está por debajo de la media per cápita, 95 euros sobre 100, de tal forma que los servicios que recibimos son sensiblemente inferiores a las necesidades reales de nuestra población.

Para arreglarlo, deberíamos proponernos dejar de celebrar elecciones generales cada seis meses y obligar a nuestros representantes políticos a sentarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con el compromiso firme de no levantarse hasta pactar (sí, pactar) un modelo que corrija al actual, con un reparto de los recursos más justo y equitativo. Imbéciles, es la economía, como proclamó Clinton. Y las personas, añado.