SUELO prestar alguna atención a los comentarios que hacen los lectores a pie de noticia en las ediciones digitales de los periódicos, pues, aunque no tienen más trascendencia que la de una cháchara de café, muchas veces describen rigurosamente y sin tapujos los estados de ánimo que orbitan alrededor de ciertos acontecimientos que ningún portavoz oficial sería capaz de explicar con tanta crudeza. A primera hora de la tarde de ayer, cuando llegó a las ediciones digitales la noticia de que Francisco Camps, el presidente de Valencia, tendría que comparecer a juicio acusado de un delito de cohecho por la trama de corrupción de Francisco Correa, encontré el siguiente comentario en una cabecera conservadora: "Ahora empezará alguna gente a pedir que dimita. Sería mejor considerar que en un país donde la justicia está considerada por una gran parte de la población como partidista, uno no debería dimitir o ser echado de su posición mientras no hubiera una sentencia firme de algún tribunal que fuera mayormente considerado como imparcial".

Ningún miembro del partido de Camps sería capaz de suscribir en público semejante comentario, pues supondría reconocer la desconfianza en todos los órganos judiciales salvo en aquellos que suscriben la tesis afines. Pero si analizamos la presión montada por el PP cuestionando la equidad de ciertos magistrados, o la persecución montada contra el juez Garzón, percibimos ciertas concomitancias que han ayudado a extender un estado de sospecha judicial. Aunque el caso del juez Flors sea otro: el del amigo traicionero.

El empecinamiento en mantener en sus puestos a muchos de los implicados judicialmente en la trama de corrupción (desde Luis Bárcenas a Camps, pasado por el número dos valenciano Ricardo Costa) se basa, en apariencia, en una defensa a ultranza de la presunción de inocencia. Sin embargo, al mismo tiempo, el PP cuestiona a los jueces que, como Baltasar Garzón, adoptan decisiones contrarias a los intereses del partido.

No me cabe duda de que esa desacreditación implícita ha calado en muchos de los simpatizantes de la derecha, que están convencidos, como el lector del principio, de que todo es producto de una ofensiva más política que moral orquestada por los adversarios. Y que la trama Gürtel es menos una red de corrupción que un ardid del Partido Socialista. Es decir, que el Estado de derecho está vacío o manipulado.

Así se explica que el PP en las elecciones europeas incrementara sus votos en las comunidades (Madrid y Valencia)donde tiene más problemas judiciales. Sus votantes no se creen las imputaciones o no se las quieren creer.