Respeto a la justicia

Begoña Gómez tiene todo el derecho a defenderse, y su abogado a buscar el resquicio legal que permita a su cliente sortear, si quiere y puede, una comparecencia ante un juez hacia el que Gómez y Antonio Camacho consideran contaminado por especial animadversión hacia la presidente. Aun así, Begoña Gómez más que nadie, y su propio marido, deberían ser los primeros en facilitar el trabajo de los jueces para que se disipe la sombra de sospecha sobre el PSOE y el Gobierno.

Su actitud es respaldada por su marido –se entiende– pero también por el resto del Gobierno, aunque con frecuencia esa lealtad mal entendida les deja bajo las patas de los caballos, porque aparecen ante la opinión pública como mentirosos o sometidos a un criterio presidencial que les obliga a ir en contra de lo que defendían.

La actitud de Sánchez y Gómez ante el juez Peinado o cualquier juez y fiscal decidido a cumplir con los trámites judiciales, coloca en una situación imposible al matrimonio, por mucho que lel sanchismo intente hacer pasar por ineficaces, tendenciosos y acosadores a quienes pretenden que personajes ya imputados comparezcan ante un tribunal para continuar las diligencias. O ante un jurado popular como el que ahora propone Peinado, para que explique Begoña Gómez su papel en operaciones sobre las que existen dudas de legalidad. Si no lo hace, parte del pueblo español tendrá razones para quedarse con la idea de que es una mujer poco estricta con el comportamiento al que obliga ser la esposa de un presidente del Gobierno.

Cita en Moncloa –mensaje subliminal de poderío– al rector de una universidad al que pide que cree una cátedra para ella a la que no tiene derecho porque no cuenta con la titulación necesaria. Para financiarla, solicita el patrocinio de varias empresas, entre ellas una que cuyo futuro depende de una importante ayuda millonaria del Gobierno. Gómez escribe una carta a un miembro del Gobierno para que apoye esa iniciativa en el Consejo de Ministros. Se aprueba. En pocos meses, Begoña Gómez crea una trama de empresas que envía alumnos a su cátedra, que apenas tiene inscripciones. Paralelamente, otros empresarios amigos reciben ayudas oficiales, a las que probablemente tienen derecho, pero la sospecha pende también sobre ellos.

Este esquema, que seguramente contiene fallos de bulto, es sin embargo el resumen de lo que piensan infinidad de españoles. Y también lo recogen importantes medios internacionales de comunicación.

Que el matrimonio presidencial mantenga su política de descrédito hacia jueces españoles que pretenden conocer la verdad sobre la corrupción –la campaña no afecta solo a Pintado– supone desacreditar a España, a las instituciones y a los ciudadanos españoles.

Todo ello impulsado desde La Moncloa. Nada menos que desde La Moncloa. Donde vive y tiene su despacho el presidente del Gobierno.