La propiedad del patrimonio

Lo que muchos persiguen no es la titularidad de un monumento para mantenerlo, sino su caja de ingresos para manejarlos

El concepto de propiedad está excesivamente arraigado en los españoles como pueblo de origen rural que somos. Por mucho que la generación actual haya ido a la universidad y que sus padres y abuelos abandonaran el campo para vivir en la ciudad, la mentalidad no ha cambiado mucho y persiste apegada al terruño como si jamás hubiese salido del pueblo. El concepto de lo público no tiene cabida en las primitivas mentes campesinas que no distan de las del señor Cayo o de nuestro Juan Lobón.

El conflicto surgido en torno a la propiedad de la mezquita-catedral de Córdoba es un exponente más de semejante dislate y del afán desenfrenado por la idea de posesión tan propio de mentalidades rurales y pacatas. Todo el problema podría explicarse recurriendo a argumentos basados en el odio y el revanchismo. No hay otra. Bajo tanta reivindicación se esconden evidencias tan hispanas como el resentimiento y la envidia. En el fondo, lo que muchos persiguen no es la titularidad de un monumento para mantenerlo, sino su caja de ingresos para manejarlos.

Yo lo veo muy claro. El patrimonio histórico-artístico del país que de momento se sigue llamando España tiene un propietario: los españoles. Y lo mismo da que sean católicos, judíos, musulmanes, luteranos, budistas, ateos, monárquicos o republicanos. A todos sin excepción les corresponde y a todos, sin excepción, les atañe la responsabilidad de su mantenimiento. Que luego la titularidad pertenezca al Estado, a la Junta de Andalucía, a la Iglesia católica o a la Fundación Amigos del Pimiento me importa un ídem. Peor para ellos, que tienen la obligación de mantenerlo. La Administración es la que tiene que encargarse de que el monumento esté conservado y exigir que la legislación se cumpla.

La catedral de Sevilla pertenece a la Iglesia; el Alcázar, al Ayuntamiento; San Luis de los Franceses, a la Diputación; el Palacio de San Telmo, a la Junta de Andalucía, pero sus auténticos dueños son todos los andaluces y, por extensión, todos los españoles. La sociedad civil no debe confundir su papel y perder el tiempo en si son galgos o podencos. La energía hay que gastarla en exigir la conservación y protección del patrimonio que hemos recibido, no siempre en buenas condiciones, y legarlo en perfecto estado a generaciones futuras. Mientras algunos inventan un pasado inexistente, nosotros debemos conservar lo mucho que tenemos.

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