Un día el Gobierno mete la pata en su acuerdo presupuestario con Podemos, ignorando la repercusión sobre los autónomos de la subida del salario mínimo, y se ve obligado a rectificar. Mal asunto, pero previsible: como los cuatro corazones de la obra de Jardiel Poncela, las decisiones del Gobierno/Desgobierno de Sánchez son con freno y marcha atrás. Toman decisiones sin evaluar sus consecuencias, ya se trate del salario mínimo y los autónomos o de los restos de Franco para los que decidieron la exhumación sin tener en cuenta que ello implicaba su posterior inhumación.

Más preocupante, porque parece como si la insensatez y la falta de previsión del Gobierno se hubieran contagiado a España entera y a sus instituciones todas, es lo del Supremo. El jueves decide que el impuesto de la hipoteca lo pague el banco en vez del cliente. Inmediatamente saltaron las alarmas: el coste podría oscilar entre los 18.000 y los 25.000 millones si se devolviera lo cobrado en 15 años, lo que según los expertos se llevaría por delante la mitad del sistema financiero, o importar unos 2.000 millones si sólo afectara a los cuatro últimos años. El viernes, 24 horas después, en una decisión sin precedentes en nuestra historia democrática, Luis María Díez-Picazo, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, congeló la decisión a causa de la "enorme repercusión económica y social" de la sentencia (¿no la habían previsto?) que "supone un giro radical en el criterio" que mantenía el Supremo. Se procederá a la convocatoria del pleno de Sala para que decida sobre su propia decisión: si la mantienen o si, como en la copla, "de lo dicho no hay ná".

Lo más preocupante es el idéntico error que une las decisiones con marcha atrás del Gobierno y el Supremo: la incapacidad para evaluar las consecuencias que sus decisiones tienen. Lo propio de las personas irresponsables ("que adopta decisiones sin la debida meditación") que por ello cometen actos igualmente irresponsables ("resultante de una falta de previsión"). Gobiernos irresponsables hemos sufrido y sufriremos. Los ciudadanos pagamos sus facturas en euros y en calidad de prestaciones esenciales, y los políticos sólo en votos: por eso son tan dados a disparar con pólvora del ciudadano. Que el Supremo incurra en este tipo de comportamientos irresponsables -replanteándose decisiones tan serias en 24 horas- es más grave. Quis custodiet ipsos custodes?