El auto judicial por el que se ha acordado la puesta en libertad provisional bajo fianza de los hermanos Isco y Antonio Tejón -cuya existencia desveló este periódico en su edición digital el pasado lunes- ha generado una oleada de reacciones que han ido de la sorpresa a la indignación para terminar en el estupor. Estamos hablando de Los Castañitas, máximos responsables durante años del principal clan de narcotráfico de hachís del Estrecho. Isco ya está en la calle y Antonio está a la espera de que se le resuelva una causa pendiente. La polémica viene dada por varios factores. Uno de ellos es la gravedad de los delitos que se les imputan y otro la cuantía de las fianzas, de 120.000 y 250.000 euros, para dos personajes que cuentan con un patrimonio que la Fiscalía cifra 20 millones de euros, sin que se les conozca más actividad que las relacionadas con el mundo del narcotráfico. Manuel Contreras, máximo responsable hasta hace pocas semanas de la Guardia Civil en la lucha contra las mafias del Estrecho, lo resumió perfectamente: esas fianzas son "una ínfima parte de lo que ganan en una sola noche de su maldito trabajo".

El minucioso y certero recurso contra la decisión judicial presentado ante la Audiencia de Cádiz por la Fiscalía Antidroga saca a la luz otras muchas consideraciones, pero hay un aspecto que no aparece reflejado documento oficial alguno y que merece la pena destacar: si los Tejón y su cuadrilla acabaron detenidos fue gracias al impagable esfuerzo de centenares de miembros de las fuerzas de seguridad y a la enorme inversión que el Estado-es decir, de todos los ciudadamos honrados- ha realizado en los últimos años en medios humanos y tecnológicos para combatir la lacra del narco. El nuevo Gobierno deberá comprometerse de lleno en mantener esa misma línea y también en incrementar de forma simultánea los recursos de que disponen jueces y fiscales. De poco sirve la creación de nuevos juzgados si no se incentiva a los profesionales para que ocupen esas plazas, vacantes como ocurre con el Penal n.º 5 de Algeciras desde hace un mes por falta de candidatos.

La prisión preventiva está concebida como una medida excepcional que nunca puede suponer una condena previa al juicio. En el caso de los Castañitas, el juez ha primado el arraigo familiar de los Tejón al riesgo de fuga, a la posibilidad de que se destruyan pruebas o a que puedan reanudar la comisión de los delitos. Su señoría ha actuado estrictamente conforme a Derecho, pero ha generado una enorme desazón entre los responsables de las fuerzas de seguridad del Estado y una justificada alarma social. Corremos el riesgo de hacer creer que dedicarse al narco es rentable o, como mucho, un mal menor. O de hacer buena la sentencia de Quevedo: "Donde hay poca Justicia es un peligro tener razón".