Uno. Lo que ocurre en Cataluña surfea sobre una gigantesca ola levantada a lo largo de más de tres décadas, casi dos generaciones, por el nacionalismo mediante la utilización totalitaria y excluyente de la escuela y los medios de comunicación. En los colegios se ha enseñado y se sigue enseñando a odiar todo lo que sea España y lo español, y se ha tergiversado la Historia en la más absoluta impunidad. En los medios de comunicación, generosamente financiados desde la Generalitat, se impuso el discurso del España nos roba y un falso sentimiento de superioridad cultural sobre el resto del país. Por supuesto, en la TV3, convertida en un ministerio de la verdad al estilo orwelliano, pero también en alguno privado.

Dos. Este discurso totalitario y excluyente, en vez de ser combatido por el Estado, fue propiciado por los partidos que presumían de constitucionalistas para blindar su poder en Madrid. La muestra más clara, que antes o después se tendría que volver contra los que la auspiciaban, fue el pacto que permitió a Aznar gobernar tras su estrecho triunfo electoral de 1996. El desarrollo de ese pacto supuso la salida del Estado de Cataluña, como quedó patéticamente reflejado en la utilización del barco de Piolín cuando hubo que mandar policías para impedir el referéndum ilegal de 2017. Las Fuerzas de Seguridad del Estado no tenían donde alojarse en Cataluña.

Tres. El independentismo, latente siempre en el discurso nacionalista, empieza a tomar impulso cuando la crisis económica deja sentir sus efectos en una comunidad que hasta entonces vivía con unos estándares envidiables en otras zonas de España. Pero es decisivamente alentado por los dirigentes catalanistas cuando se destapa la trama de corrupción el 3% y quedan al aire las vergüenzas de la familia Pujol, que no tenía nada que aprender de los Corleone en cuanto a comportamientos mafiosos se refiere.

Y cuatro. Nada de lo que ha pasado en los últimos dos años se habría producido con tanta virulencia si el Gobierno de Rajoy hubiera accedido a negociar para Cataluña un régimen financiero privilegiado como el que, en pleno siglo XXI, siguen manteniendo el País Vasco y Navarra. Un régimen que iba a profundizar aún más un modelo territorial de ricos y pobres, y en el que los perdedores iban a ser los de siempre. La sentencia del Supremo es sólo un punto y seguido. Al final, alguien va a salir ganando y alguien perdiendo. Y aquí, en el conjunto de España, pero especialmente en Andalucía, tenemos bastantes papeletas para ser los que paguemos la fiesta.

SIEMPRE, afortunadamente y por criterio personal, he procurado estar alejado de los círculos del poder y de aquellos lugares en los que, según oigo decir, se toman decisiones importantes. Ignoro, por tanto, cómo se cuecen cuestiones que, por otra parte, me interesan y afectan como ciudadano. Lo más que he llegado es a ser presidente de una comunidad de propietarios, por el único mérito de que me tocaba el turno por orden de antigüedad. Quedé tan cansado que a la siguiente ronda procuré que se hiciera cargo de ello un administrador profesional de esos que llaman al técnico del ascensor cuando se avería, mandan a alguien para que arregle la cerradura de la puerta o cambie las bombillas fundidas de pasillos y escaleras.

Por eso asisto escéptico a ciertas noticias que afloran en la prensa sobre las medidas de protección de determinados edificios o entornos urbanos. Ya se ha escrito bastante acerca de cómo funciona la susodicha Comisión de Patrimonio, que a alguien oí nombrar como de matrimonio, con el poder, se entiende, y con el recelo que suscitan sus decisiones tanto en asociaciones defensoras como detractoras y ciudadanos en general. Comprendo la alta responsabilidad que tienen sus integrantes pero, como dice el tópico, en el sueldo les va. Entiendo que les ocurra como a los árbitros de fútbol, que tienen difícil contentar a ambas aficiones y, al igual que en éstos, ciertas decisiones suscitan en demasiadas ocasiones, dudas acerca de su imparcialidad e independencia.

Cuando leo que determinados edificios o entornos van a ser protegidos me echo a temblar. Como todo en la vida tiene una doble lectura, una de ellas debería significar el respeto por la historia y el arte, pero la otra me da busilis, como diría Bécquer o jindama como dicen los calés. La protección significa a veces dejar la fachada de algún inmueble que ya está prácticamente destruido y que será reedificado en su interior sin tener nada que ver con lo que era. Otras veces, su resultado ha sido la reconstrucción de un edificio o la recreación y reinvención de un espacio que nada tienen que ver con lo que había ni consiguen emitir las emociones y sensaciones que trasmitían. Recuerdo la muestra de Julián Schnabel en la Casa Grande del Carmen en la calle Baños o los claustros de la Cartuja allá por los 80, y me acuerdo de Adolfo Domínguez, ya saben, aquello de que la arruga es bella.