La mención que hacen los políticos a la desaparición de la verja británica de Gibraltar no encaja en la lógica del acuerdo suscrito por España y el RU relativo al futuro inmediato de la colonia. No hay soluciones simples para problemas complejos, en ello reside el craso error del populismo; y he ahí el ingenioso señuelo que la ministra González Laya, con carencias diplomáticas ostensibles, ha dispuesto para obnubilar algunas mentes de las proximidades. Tal vez se refiera a un desmontaje de hecho, que difícilmente será alguna vez de iure, pero, desde luego, no puede referirse a un equilibrio entre los dos lados de esa Verja; el desequilibrio es el nutriente de la colonia, sin él moriría de inanición. De añadido, nada se dice en el acuerdo de lo fundamental: del carácter militar de la colonia. La población no es más, como ya he dicho en repetidas ocasiones, que la tinta del calamar.

Gibraltar va a seguir siendo hospital y albergue de ingenios nucleares militares con disfunciones peligrosas, en medio del entorno inmediato de un territorio que se acerca rápidamente a los trescientos mil habitantes. La población civil de la colonia es un escudo humano que se retroalimenta de la opacidad en gestión de capitales, del juego y el estraperlo, que carece por completo de recursos industriales y agrícolas, para la que el sector primario ni siquiera existe y en donde la ligereza impositiva y de radicación son fuentes sine qua non para subsistir y nutrirse ad libitum. En resumidas cuentas, la colonia vive de lo que supone un permanente perjuicio para España. Si ese perjuicio desapareciera, hasta los monos pasarían hambre y sed. Y vaya usted a saber si tendrían que buscarse la vida en La Línea.

Hace unos años, la hacienda española estimó que el estatus de Gibraltar nos suponía, entre fraudes y lucro cesante, unos mil millones de euros anuales. En el supuesto de que fueran, digamos diez mil, los españoles que trabajan en la colonia, el deterioro fiscal por cada uno de ellos sería de cien mil euros anuales, algo más de ocho mil trescientos mensuales. De modo que, pagando a cada trabajador, sine die y por quedarse en casa, cuatro mil euros mensuales, lo que no está nada mal, el fisco español reduciría sus pérdidas en más de quinientos millones de euros anuales. Todavía quedaría fondo para compensar los ingresos confesables e inconfesables, y las dádivas diluidas, de personas y cosas.