La esquina

José Aguilar

jaguilar@grupojoly.com

La nueva casta de Podemos

Irene Montero contrata como asesores a una compañera condenada por el Supremo y a otros dos imputados

La ministra de Igualdad está gastando este año 385.000 euros en asesores. Como todo se puede mejorar, el año que viene gastará 503.000. Gracias a este aumento, Irene Montero dispondrá de tres nuevos asesores para ayudarle en su compleja tarea. Naturalmente, por tratarse de personal de confianza, los ha escogido a dedo, y entre militantes de su partido. Todo normal y correcto.

Lo que no es normal ni correcto es que los tres tengan problemas con la Justicia. Una de ellos, Isa Serra, compañera de Montero en la Ejecutiva de UP -que se encargará de algo tan interesante como "reforzar las alianzas internacionales feministas y situar España en la punta de lanza de los derechos de las mujeres y el colectivo LGTBI"- está condenada por el Tribunal Supremo a 19 meses de prisión e inhabilitación por agredir a policías en un desahucio. Los otros dos son ex concejales de Podemos e IU en el Madrid de Carmena, imputados en un caso de prevaricación por un contrato adjudicado arbitrariamente.

Siempre, pero siempre, siempre, Unidas Podemos ha exigido la inmediata dimisión de cualquier político imputado... a condición de que fuera del PP. La presunción de inocencia nunca le ha importado ni poco ni mucho. Salvo ahora, cuando los imputados son dos compañeros a quienes se premia colocándolos en la mesa camilla de la ministra. Lo de Isa Serra es peor, en cuanto que ya ha sido condenada por el Supremo. Contra ella no hay imputación, sino sentencia del máximo tribunal español.

Como a tantas otras cosas, Podemos aplica a la Justicia la ley del embudo o, si se quiere, una doble vara de medir que procede de una doble moral. Si los condenados son de derechas, bien condenados están porque seguro que son culpables. Si son dirigentes podemitas, se trata de una persecución política, mediática y judicial (los tres adjetivos usados por Irene Montero esta semana), los jueces forman parte de la caverna o las cloacas y los testimonios de las víctimas son irrelevantes, no como en las agresiones machistas.

Esto viene de lejos. ¿Se acuerdan de cuando los inadmisibles escraches eran, según Pablo Iglesias, jarabe democrático repartido por el pueblo a los políticos reaccionarios, y el inadmisible acoso a la vivienda de Iglesias-Montero en Galapagar, un atentado a la intimidad y privacidad de la pareja orquestado por el resucitado fascismo? Cada vez se parecen más a aquello que odiaban tanto: una casta privilegiada.

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