Dice el refrán que cuando el diablo no tiene qué hacer, con el rabo mata moscas. En ese ámbito de a ver qué se nos ocurre, habría quizás que enmarcar la interminable cantidad de boberías e incorrecciones que van añadiéndose al lenguaje, a las actitudes y a las relaciones sociales. En ese orden de cosas se enmarca el hecho de que la condición femenina está dejando de ser eso para convertirse en un don supremacista que es capaz de fortalecer el curriculum de quien lo ostenta. He visto cosas parecidas, pero eso no aminora el mal efecto que produce el constante mal empleo del lenguaje y la ignorancia supina del personal que acude a él para expresarse. No sólo por lo desagradable sino porque induce vergüenza ajena, cuando cae en ello quien ocupa un puesto relevante en la Administración o en alguna institución digna de consideración y de respeto.

Quisiera creer que el tiempo, el sentido común y la dedicación del profesorado, de los profesionales de la comunicación y de los educadores, harán pasajera la equivocada idea de que la sustitución reiterativa, incorrecta y absurda de términos genéricos por el empleo conjunto del masculino y el femenino, es una concesión a la igualdad. Pero no lo creo. Me temo que, al menos, deberemos esperar mucho tiempo a que se recupere el buen sentido y la cordura, con la esperanza de que el habla no se deteriore hasta el punto de que el discurso se haga insoportable. La vuelta a la escena política de una antigua consejera andaluza y ministra, puede ser un poderoso agravante al deterioro que la izquierda, sobre todo, está infligiendo a la lengua española. Estoy seguro, por demás, que lo de la susodicha ministra no es puntual sino permanente e irreversible.

Eso de ser mujer puede estar a punto de integrarse entre los méritos de la persona. Ya es un mérito relevante en política. Hace años, en las euforias del periodo predemocrático que sucedió al tardo franquismo, destacaba como mérito a tener muy en cuenta, haber sido detenido, perseguido o encarcelado por razones políticas (dícese). Formé parte en la segunda mitad de los años setenta, de tribunales examinadores ante los que algunos aspirantes a ser nombrados, por vía extraordinaria, catedráticos de universidad, incluían como mérito en el curriculum, haber sido amonestado, juzgado, detenido o molestado por autoridades del periodo franquista. Cada estupidez tiene, por lo visto, su momento.