La forma en que está siendo tratado en España el problema de los okupas constituye un verdadero disparate jurídico. La sensación generalizada es la de que el okupa goza de total impunidad: puede ocupar la vivienda que le venga en gana, sin que ello le suponga reproche legal alguno. Por el contrario, el legítimo propietario del inmueble, en muchos casos por una interpretación sesgada del Código Penal, corre el riesgo de acabar convirtiéndose en delincuente o, si no es así, de esperar años hasta recuperar lo que es suyo, amén de soportar los daños sufridos. Añadan el terror que aquellos sujetos suelen provocar en el vecindario y comprenderán la magnitud de un despropósito ideológicamente justificado por demasiados políticos.

No es, además, lo común en los países de nuestro entorno. Con la excepción de Portugal, en Alemania, Dinamarca, Suecia, Holanda, Italia, Francia o Inglaterra existen procedimientos muy rápidos para restaurar una tutelada posesión dominical. Quizá por ello y ante la prolongación de un desamparo intolerable, han surgido aquí movimientos ciudadanos, cada vez más irritados y numerosos, dispuestos a hacer lo que sea para acabar con esta lacra social.

Tan impopular e insostenible situación parece haber encontrado por fin un asomo de sensatez en el PSOE. El partido socialista acaba de proponer una modificación legislativa para que los jueces puedan desalojar a los okupas en un plazo máximo de 48 horas. Lo ha hecho a través de una enmienda presentada al proyecto de Ley Orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia. En ella, se incluye un novedoso artículo 544 sexies de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece tal efecto.

En la explicación de su reforma, el PSOE recuerda los gravísimos perjuicios de las víctimas de ocupación que, sin poder disponer de su vivienda, tienen que seguir soportando los costos derivados de su titularidad y la carga del progresivo deterioro de sus bienes.

Todavía queda por saber que opinarán sus aliados parlamentarios y si, de nuevo en esto, no terminará produciéndose una vergonzosa vuelta atrás. Aunque sólo sea por conveniencia electoral, uno espera que no, que la anomalía española quedará así lógica y definitivamente solucionada. Entre otras razones, porque, como señalara Milton Friedman, los derechos de propiedad, más allá de una fuente de libertad económica, son también un componente esencial de nuestra libertad política.