El próximo martes se reabrirán las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos, cerradas desde el 13 de marzo de 2020. En una primera fase fue como consecuencia del estallido de la pandemia y, después, por la crisis diplomática desatada a raíz del tratamiento médico de urgencia contra el coronavirus que España brindó, entre abril y junio del año pasado, al líder del Frente Polisario, Brahim Gali. Este, por cierto y al igual que muchos de sus paisanos, posee pasaporte español como vestigio del pasado colonial del Sáhara. Esas atenciones médicas fueron consideradas poco menos que una traición por Marruecos, que en respuesta retiró a su embajadora en Madrid y alentó con falsos mensajes en las redes sociales y permisividad policial una avalancha de incautas personas sobre ambas ciudades autónomas. Ese desafío puso en peligro las vidas de muchas de aquellas, especialmente, de los menores.

De aquel episodio ha pasado ya un año. Entre medias, y para la normalización de las relaciones bilaterales, ha habido multitud de contactos discretos y la polémica carta que Pedro Sánchez dirigió a Mohamed VI, en la que el presidente del Gobierno aseguraba que el plan para dotar al Sáhara de una autonomía avanzada bajo soberanía marroquí supone "la base más seria, realista y creíble" para cerrar el conflicto armado que desde hace décadas enfrenta a Marruecos con el Polisario. Gracias a ese gesto, España logró el restablecimiento de las rutas de pasajeros en el Estrecho y ahora la reapertura de las vallas de Ceuta y Melilla, aliviando así la situación de ambas urbes, de muchas empresas que dependen de la fluidez del paso y de miles de personas que se han quedado literalmente bloqueadas durante todo este tiempo. Sin embargo, el paso dado por Sánchez y su ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se hace a costa de un alto precio: de un giro en las posiciones históricas respecto a un territorio sobre el que, según la ONU, España sigue siendo "potencia administradora", y de la renuncia a la celebración de un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui.

Es cierto que, en los últimos meses, la presión migratoria desde Marruecos sobre España se ha relajado y que, antes que nuestro país y por intereses militares, económicos y de seguridad como muralla frente al integrismo, EEUU, Francia o Alemania han tenido gestos de aproximación al régimen autocrático alauíta, pero también lo es que Marruecos debe dar aún muestras fiables de su condición de "socio de confianza, serio y responsable", tal y como proclama su titular de Exteriores, Naser Burita. No se ha despejado, por ejemplo, la sospecha de que Sánchez, varios de sus ministros, dirigentes políticos, periodistas y otras personas hayan sido espiadas por Marruecos con el programa Pegasus. Tampoco hay evidencias de que vayan a desaparecer las facilidades que sus autoridades dan la producción y exportación de hachís hacia Europa, con los duros costes sociales y económicos que ello acarrea.

Bienvenida sea la reapertura del paso con Ceuta y Melilla, aunque hay fronteras a las que España jamás debiera renunciar ante su vecino del sur: las de la defensa de la democracia, de la libertad y de los derechos humanos.