La del pasado viernes fue la cuarta reunión de esas características en los últimos cuatro años, pero los alcaldes del Campo de Gibraltar abandonaron en esta ocasión el Ministerio de Exteriores con mejores perspectivas que las que tenían al entrar y con la sensación de haber dado un paso importante para afrontar el Brexit sin saltos al vacío. Las urgencias de la comarca no pasan por que España logre la soberanía efectiva sobre el Peñón o por un acuerdo de mínimos que mantenga el statu quo actual, sino por dar un paso en firme y valiente que acerque de manera definitiva a dos pueblos separados desde hace demasiado por una Verja. Dicho de otra manera, para hacer que los intereses de Estado sean los de las personas, no los de una nomenclatura trasnochada que entiende más de correas que de abrazos.

Durante la cita, la nueva ministra de Exteriores, Arancha González Laya, dio la palabra a los regidores y tomó atenta nota de sus posiciones, las cuales -también por vez primera y gracias al consenso previo establecido entre los munícipes- tuvieron como común denominador la necesidad de lograr un acuerdo con Gibraltar para conseguir ese "espacio de bienestar compartido" al que desean sumarse igualmente las autoridades del Peñón. La expresión es terriblemente almibarada, pero describe a la perfección el objetivo. No estamos ante la disyuntiva del más vale un mal acuerdo que una buena pelea, sino ante la posibilidad cierta de alcanzar un gran pacto que permita, de un lado, el libre tránsito en ambos sentidos, y de otro, un mejor y mayor acceso por parte de las autoridades españolas a las actividades que desarrolla la colonia en materia fiscal, aduanera, policial y medioambiental de acuerdo a lo estipulado en el Tratado Fiscal y en los memorandos de entendimiento ya suscritos durante la etapa de José Borrell y que suponen una excelente base sobre la que construir el futuro. Y atentos, porque no hay que confundir tocino y velocidad: las reivindicaciones de inversión para la Algeciras-Bobadilla, el desdoble de la N-340 o la Zona Franca quedan para otros escenarios como los Presupuestos Generales del Estado, en los que los alcaldes, nuevamente, deberán estar todos a una.

La otra parte del trato corresponderá aceptarla y ejecutarla Gibraltar. Esa suerte de futura frontera invisible solo será posible si Fabian Picardo y los suyos toman conciencia de la derogación de la ley del embudo de la que hasta ahora se han beneficiado -la parte ancha para mí, la estrecha para los demás- y de que para seguir accediendo a los servicios del club de la UE, aunque sea como socios invitados, deberán cumplir una serie de normas. Un ejemplo: dado que el puerto y el aeropuerto del Peñón quedarían como teóricas fronteras exteriores de la UE, la Policía Nacional y la Guardia Civil deberían tener presencia en la Aduana gibraltareña junto a la Royal Police, trabajando mano con mano, como ya lo hacen con otro estatus los agentes de la gendarmería marroquí y de la Benemérita desde hace años a uno y otro lado del Estrecho. ¿Es posible? La respuesta es una: complicidad.