Recuerdo como en los años 70 envidiábamos las democracias de países como Suecia. Eran los tiempos en que el socialdemócrata Olof Palme se esforzaba en ampliar el estado de bienestar y en aumentar el protagonismo de la gente frente al de los políticos y la monarquía. Una de las instituciones más fascinantes del país escandinavo era la del "Ombudsman", el defensor del pueblo, una autoridad independiente del gobierno, encargada de garantizar los derechos de los ciudadanos frente a los posibles abusos del poder político, es decir, una entidad que amparaba las causas individuales frente a la avasalladora maquinaria de la burocracia estatal. Conscientes de la pátina de respetabilidad que una figura como esa daría a nuestra recién nacida democracia, nuestros políticos se apresuraron a introducirla en la Constitución de 1978, aunque, eso sí, mejorando la de los suecos ya que nuestro "defensor" actúa además como salvaguarda del cumplimiento del titulo I de la Constitución que recoge los deberes y los derechos de los ciudadanos (un cometido que al menos en lo referente al articulo 3 -derecho y deber a conocer y usar el idioma español- o al 27 -derecho a la educación y libertad de enseñanza- ninguno de los que han ocupado el cargo en estos 40 años parece haberse tomado demasiado en serio). El fallido intento de acercar la administración a los ciudadanos mediante las autonomías propició que se engendraran 17 micronaciones (moderno remedo de los reinos de taifas) cuyos respectivos gobiernos, para no ser menos, nos "agraciaron" con 17 defensores más. Recientemente fue renovado en su cargo el ilustre defensor del pueblo andaluz; un hombre que, en palabras de la presidenta del parlamento, alcanza connotaciones casi místicas: "Un aliado de los ciudadanos que se sienten perdidos" (reconociendo así de manera subliminal que ni consejeros ni diputados ni cargos políticos les sirven para nada a los, al parecer, extraviados andaluces). El reelecto Defensor comenzó su discurso de aceptación señalando su empeño en salvaguardar la transparencia y la ética en la administración pública y en respaldar el trabajo honesto y comprometido de los políticos (curioso propósito en una región de reconocido prestigio en el mundillo del hampa gracias a la increíble estafa de los "ERES"). Además, el hombre se comprometió a luchar contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. Ítem más, procurará que los andaluces tengamos renta básica, techo digno y suministro de gas y agua garantizados. Por último y a pesar de ser consciente (aunque no lo parezca) de sus limitaciones intentará solucionar el problema de los inmigrantes, la despoblación de las zonas rurales y, por supuesto, ¡el cambio climático! En el fondo… una figura decorativa más, destinada a enmascarar la enorme putrefacción de nuestro sistema político.