LA TRIBUNA

Francisco J. Ferraro

La economía en el debate electoral (I)

 La gravedad de la crisis económica y las inciertas perspectivas han convertido a la economía en el centro del debate electoral. Los distintos partidos que concurren a las elecciones se afanan en destacar lo que les define respecto a otras fuerzas políticas, pero un examen de sus programas y pronunciamientos a lo largo de la campaña pone de manifiesto que no se explicitan algunas de las actuaciones que inevitablemente tendrá que acometer el nuevo Gobierno.

La economía española requiere algunas actuaciones urgentes y otras importantes. Entre las primeras deberá de definirse de inmediato un nuevo plan de ajuste que permita cumplir el compromiso de estabilidad pactado en el marco europeo y calmar a los mercados para abaratar la imprescindible financiación externa y, por otra parte, se habrá de culminar el saneamiento y la reestructuración bancaria para generar confianza y permitir que el crédito vuelva a fluir a la actividad privada. Pero si urgentes son estas medidas, tanto o más importante es propiciar reformas institucionales y en el sistema productivo que permitan recuperar la capacidad potencial de crecimiento y el empleo, imprescindibles también para que el elevado endeudamiento privado y externo vuelvan a sendas sostenibles.

Si bien estas consideraciones están presentes de alguna forma en los proyectos electorales de los grandes partidos (con la excepción de IU, que propugna aumentar el gasto público y una reforma fiscal que eleve los ingresos), en ningún caso se abordan frontalmente, bien sea por no asustar el electorado (especialmente en el caso del Partido Popular), bien sea por la incompatibilidad con sus postulados ideológicos o sus actuaciones de gobierno recientes (PSOE). Así, ante las previsión de la Comisión Europea hecha pública esta semana según la cual el déficit público español se elevará este año por encima del 6% del PIB previsto, y también en 2012, para situarse en 2013 en el 5,3%, muy por encima del objetivo del 3% del Programa de Estabilidad, las autoridades comunitarias estiman que serán necesarios 15.000 millones adicionales de ajuste en 2012 y 23.000 en 2013. Los dos partidos mayoritarios comparten el compromiso de consolidación fiscal, pero eluden explicar cómo se conseguirá. El PP confía en que el crecimiento del PIB permita aumentar los ingresos tributarios y en una política genérica de austeridad, política que también enuncia el Partido Socialista, aunque su candidato ha apuntado la conveniencia de dilatar en dos años el compromiso de reducir el déficit del 3%, opción que puede ser razonable, pero que debió ser defendida cuando se adoptó el Programa de Estabilidad y que difícilmente contaría con el apoyo de Alemania.

La reducción del déficit público hay que vincularla con las propuestas de gasto, muy singularmente con las más costosas, como las que sirven de soporte al Estado de bienestar, y con las políticas de ingresos. Las políticas relativas al Estado de bienestar son las que generan mayor sensibilidad en los ciudadanos y, dados los recortes en algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP, el PSOE ha convertido su defensa en el eje de la campaña. El PP se compromete en su programa a preservar el carácter universal y la calidad de los servicios públicos que conforman el Estado de bienestar, pero, como se hace referencia a reformas que lo hagan más eficiente y aseguren su sostenibilidad y algunos de sus líderes han manifestado que tendremos el Estado de bienestar que podamos mantener, el PSOE ha alimentado las dudas sobre sus verdaderas intenciones, lo que ha propiciado que en el curso de la campaña el PP se haya comprometido a revalorizar las pensiones, mantener el gasto en educación y oponerse al copago sanitario... En definitiva, los dos grandes partidos nacionales se han comprometido al mantenimiento del Estado de bienestar con prestaciones semejantes a las actuales. Un compromiso para los próximos cuatro años de difícil cumplimiento en un contexto de ajuste y estancamiento económico, y con unos costes de los servicios públicos tendencialmente al alza.

Para hacer frente a un potencial aumento del gasto público el arma fundamental es aumentar los ingresos impositivos, que han pasado del 41% del PIB en 2007 al 35% en 2010. En este ámbito las propuestas de los dos partidos mayoritarios están claramente diferenciadas: mientras el PSOE justifica el aumento de la presión fiscal en la necesidad de asegurar la financiación de las políticas sociales, el PP confía en la reactivación económica y en la eficiencia de la gestión los posibles factores compensadores. La "reforma fiscal integral" del PP contempla nuevas deducciones por ahorro en el IRPF (que incluiría de nuevo la adquisición de vivienda), reducción del Impuesto de Sociedades a las pymes y por reinversión de beneficios, mientras que el PSOE plantea crear un impuesto a las grandes fortunas y a los bancos, aumentar los tipos de algunos impuestos especiales y reforzar la fiscalidad ambiental.

¿Existen otros mecanismos para cuadrar las cuentas públicas? Mañana veremos.

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