PLANTEABA en el artículo de ayer la dificultad de cumplir el objetivo de estabilidad sin aumentar los impuestos, y preguntaba si existen otros mecanismos para cuadrar las cuentas públicas.

Si se hace abstracción de los gastos asociados al Estado de bienestar, las posibles reducciones del gasto público se encontrarían en políticas como las de defensa, exterior, seguridad ciudadana, fomento de la actividad económica o en las inversiones públicas, y como en ninguna de éstas se plantean reducciones significativas, los posibles ahorros se podrían encontrar en los gastos generales de las administraciones públicas. Todos los partidos abogan por hacer más eficientes el funcionamiento de las administraciones y algunos plantean la reducción de algunos cargos u organismos, pero no afectarían esencialmente al montante del gasto. Para ello sería necesario la revisión del estatuto básico del empleado público y de la distribución de funciones y competencias de las administraciones territoriales, lo que constituye un aspecto básico del programa electoral de UPyD, que propone reducir drásticamente el gasto de las comunidades autónomas, pero no de los dos grandes partidos nacionales, a excepción de la eliminación de las diputaciones provinciales propuesta por Rubalcaba.

La otra actuación urgente que habrá de adoptar el nuevo Gobierno es la culminación de la reforma financiera. Los grandes partidos comparten la necesidad de culminar el saneamiento y la reestructuración del sistema financiero, pero se exigirían manifestaciones más explícitas sobre la estrategia de saneamiento para valorarlas y, en su caso, sobre la disposición a que la recapitalización de algunas entidades contase con fondos públicos.

Además de las actuaciones urgentes del nuevo Gobierno, en el anterior artículo planteaba que lo más importante es dotar a la economía española de capacidad de crecimiento y de creación de empleo. Lo más preocupante de la economía española es la permanencia del déficit exterior después de cuatro años de crisis y ajustes, déficit que determina que sigamos necesitando financiación externa para mantener nuestro nivel de vida a pesar de nuestro elevado endeudamiento, lo que es insostenible en una perspectiva de futuro. La clave de este problema se encuentra en la pérdida de competitividad de un sistema productivo afectado por un patrón de crecimiento en la época del boom inmobiliario y el crédito fácil que frenó su renovación hacia actividades basadas en capital humano y tecnológico más cualificado y, por tanto, más competitivas internacionalmente.

El cambio hacia un nuevo patrón de crecimiento no se hace ni por decreto ni de la noche a la mañana, pero los gobiernos pueden acelerar o frenar su surgimiento según el marco institucional y reglamentario del que nos dotemos. Ello exige reformas estructurales y, entre ellas, una reforma del mercado de trabajo que permita romper la dualidad de los empleados con la simplificación de tipos de contratos, que reforme la negociación colectiva, descentralizándola y vinculando los aumentos salariales con la productividad, un seguro de desempleo que estimule la búsqueda activa de trabajo y la formación, etc.

En relación con estas reformas el PP es más explícito al apuntar a la puesta en marcha de "una reforma integral del mercado de trabajo", para lo que se anuncia la simplificación de la tipología de contratos, la creación de un fondo de capitalización individualizado para la cobertura del desempleo o la reforma de la negociación colectiva. Enunciados que requerirán desarrollarse para valorarlos, pero que en cualquier caso apuntan una voluntad de reforma más apreciable que la del PSOE, que confía en que la reforma de 2010 permita la recuperación del empleo y reduzca el exceso de temporalidad cuando la economía se recupere.

En cuanto a otras políticas, se observan nítidas diferencias en el programa energético, con un PSOE que apuesta con rotundidad por las energías renovables y no construir nuevas centrales nucleares y el PP que, aunque no explícitamente, deja abierta la puerta a esta forma de energía. El PP es, por su parte, más explícito en la liberalización de los servicios, en la transparencia de las administraciones públicas y en la agilidad administrativa, aunque también el PSOE apunta en el mismo sentido, como también ambas formaciones comparten otras políticas que favorecerían un nuevo patrón de crecimiento, como las relativas a formación, investigación e innovación, aunque la funcionalidad de las mismas sólo pueden valorarse con un desarrollo programático más preciso.

En conclusión, los programas de los grandes partidos y la campaña electoral, aunque apuntan diferencias significativas, no nos aclaran suficientemente las intenciones de gobierno, por lo que en el voto de cada español pesarán más los prejuicios ideológicos, las acciones que imaginamos, el cansancio, la identificación con los líderes o la imagen de los partidos que la evaluación ponderada de los programas de gobierno.