El mayor desafío al que posiblemente debemos y deberemos hacer frente como sociedad en los próximos años es el de la inmigración, con los múltiples problemas que una gestión inadecuada de este fenómeno conlleva: desde la atención humanitaria a las personas que llegan a Europa tras sufrir auténticas tragedias, especialmente acentuadas en el caso de las mujeres y los menores, a la aparición de grupos xenófobos y racistas que atribuyen a los refugiados (sean políticos o económicos) las siete plagas bíblicas.

La Cumbre Europea sobre inmigración iniciada este jueves y concluida la madrugada el viernes tras catorce horas de debate se cerró con un triste acuerdo de mínimos, sin apenas compromisos de obligado cumplimiento para los 28 y con una vaga referencia a la necesidad de respaldar económicamente a los países más afectados. Europa ha salvado esta semana una crisis, una más, pero a costa de concesiones a los gobiernos radicales de Italia y del Este que dejan muy tocada a la Unión.

El rechazo de países como Marruecos a la creación en su territorio de las llamadas "plataformas de desembarco", ante el temor de que se convirtiesen en campamentos de refugiados como los existentes en las islas griegas o Turquía, y el escaso entusiasmo europeo por parecidos motivos a los "centros controlados", ha dejado en punto muerto la situación de miles de personas que, sin lugar a dudas, van a venir y que vagarán luego de un lado a otro con una orden de expulsión en sus bolsillos que difícilmente se cumplirá. Tal cual viene sucediendo en la actualidad.

La provincia de Cádiz es una zona caliente en esta crisis humanitaria en la que deben reforzarse con urgencia los medios destinados a atenderla. En lo que llevamos de año han llegado ya a estas costas más de 5.200 personas, lo que no solo ha colapsado los CIE con unas lamentables condiciones de habitabilidad, sino que ha obligado a ocupar pabellones deportivos como los de Tarifa y Barbate. Y hasta la estación marítima de Algeciras.

No tiene una tarea fácil el nuevo Gobierno. Alguna pista nos deja su organigrama, cuya Secretaría de Estado de Migraciones depende del Ministerio de Trabajo, no del de Bienestar Social, lo que confiere a estas políticas de un perfil más práctico que asistencial. Es decir, en lugar de preguntarnos qué podemos hacer por los migrantes, la cuestión pasa a ser qué pueden hacer ellos. No es mal punto de partida y tiene su razón de ser: la cifra de extranjeros que cotizan a la Seguridad Social (y que pagan sus impuestos) se aproxima ya a los dos millones de personas (sobre un total de casi 19 millones) tras crecer en el último año por encima del 7%. A partir de ahí reflexionemos, por ejemplo, sobre el sostenimiento del sistema público de pensiones.