Aestas alturas, todos tenemos más o menos claro que el Brexit obliga a España y al vecino Gibraltar a establecer un nuevo marco de relaciones que debe servir para corregir graves problemas en materia de control fiscal y aduanero, contrabando o mejora de la colaboración policial. Y también sabemos que la salida de Reino Unido de la UE no conducirá por sí sola a solucionar muchos de los problemas de La Línea ni, por extensión, del Campo de Gibraltar. Es más, un Gibrexit sin acuerdo sería terriblemente malo para el Peñón y agravaría los problemas a este lado de la Verja, dado que la colonia es el principal generador de empleo para La Línea.

En estos meses de negociación hasta final de año podemos reivindicar hasta desgañitarnos la soberanía sobre el Peñón, pero no por eso España va a ejercerla de manera efectiva (en el Tratado de Utrecht se cedió el suelo, no la soberanía, como reiteradamente apunta Alberto Pérez de Vargas) ni ese discurso acabará tampoco con las altas cifras de desempleo ni con las bolsas de marginación social. Hace ya casi cuatro años desde la aprobación del Brexit en referéndum y todavía, ya sea por las sucesivas convocatorias electorales, la existencia de gobiernos en funciones o la ausencia de nuevos presupuestos, apenas si se han activado medidas para afrontar el good bye del Peñón.

En expresión de un buen amigo, Gibraltar ha hecho y seguirá haciendo "travesuras" en la medida que se le consienta y pueda, lo cual no quiere decir que los padecimientos de la comarca sean atribuibles al dumping fiscal de la Roca. Más bien estamos como estamos por nuestra propia incapacidad para advertir que los problemas que tenemos en casa no se solucionan echando toda la culpa al vecino, por muy fatuo e irritante que este sea.

"¿Cómo van a querer los gibraltareños ser españoles si lo que ven al lado es un páramo de subdesarrollo?", se preguntaba José Borrell siendo aún ministro de Asuntos Exteriores. Y aunque sus declaraciones eran incompletas, no le faltaba razón. Meses más tarde y preguntado al respecto en una entrevista concedida en mayo del año pasado a los diarios del Grupo Joly, añadió una reflexión con carga autocrítica: "Los gobiernos no han dedicado esfuerzos suficientes a impulsar el Campo de Gibraltar". ¿Acaso Andorra o Mónaco -por situarnos en un contexto europeo- han condenado también a sus áreas limítrofes al subdesarrollo a causa de sus bajos impuestos?

Más bien ocurre que Gibraltar se ha convertido en el comodín perfecto: a unos les sirve para enmascarar su deuda histórica con la comarca, culpando al Peñon del retraso que sufre esta, y a otros para mantener el discurso patrio de la soberanía sin atender a más argumentos ni querer ampliar el enfoque para percatarse de la realidad social. Las negociaciones abiertas deben anteponer a las personas y salvar la crisis del Gibrexit desde el diálogo. Y, en paralelo, debemos de exigir a los gobiernos de España y Andalucía que ejerzan como administraciones realmente competentes en aquello que les concierne en exclusiva: empleo, infraestructuras, educación, sanidad, servicios sociales y formación.