E N el Pleno municipal celebrado en Algeciras el pasado 18 de diciembre, se rechazó por la mayoría de gobierno la petición de creación de Comisión de Investigación en relación a la gestión de Algesa. En el siguiente Pleno, de 29 de igual mes, se aprobó el Estudio de Detalle del llamado Lago Marítimo, para la implantación de equipamiento público en la zona norte del Llano Amarillo. Y ello, sin contestar previamente, como procede, las alegaciones presentadas.

Ambas decisiones, tomadas en asuntos distintos y sin relación, dejan entrever una actitud de falta de transparencia y desprecio a la ciudadanía que han de hacerse notar.

Tales comisiones están previstas en el Reglamento Orgánico Municipal para la investigación de cualquier asunto que merezca "atención municipal".

Supongo que para el equipo de gobierno, la comisión de delito en ejercicio de su cargo por directivos de la empresa pública Algesa, o las causas sobre procedimientos de selección de personal o contratación, u otras polémicas conocidas, no son cuestiones suficientemente dignas de atención ciudadana,

El criterio aplicado (por todos, siempre) es que nada merece atención para el ciudadano (salvo los bandoleros de importación y los legionarios, quizá), y que no procede explicación alguna sobre asuntos que han costado millones a las arcas municipales, que eso a los algecireños nos la refanfinfla. Y ello en absolutamente todos los asuntos, más o menos escandalosos, que se han sucedido en las últimas décadas de vida municipal, y que no hace falta citar. Ocultar y no dar luz.

Asimismo, se plantea el convenio para la urbanización de parte del Llano Amarillo, lo cual es un proyecto atractivo y es digno que todos lo apoyemos. Claro que sí. Pero ello no impide que su tramitación haya de cumplir la legalidad, y parece que el estudio de detalle aprobado podría ser un instrumento inválido, sobre todo para el uso asignado a la parcela municipal con calificación de parque. Ello se hace saber por distintas alegaciones, que ni siquiera se estudian.

Experiencia tenemos en obras municipales en contra del ordenamiento urbanístico y que esperan el derribo. Ojalá no ocurra ello con este proyecto, pero lo que importa, de nuevo, es la falta de consideración hacia el ciudadano, que hace alegaciones de buena fe, en uso de sus derechos, y se le considera enemigo y se le desprecia. No costaría tanto tener otro talante.

Total, si luego el proyecto se declara nulo, el derribo lo pagaremos todos; con sumo desinterés, pero todos.